Primera concentración del calendario de protestas acordado por el comité de empresa de la factoría de Alcoa con los alcaldes de A Mariña / EFE

Las alegaciones de la Xunta al estatuto eléctrico se vuelcan con Alcoa

La Xunta pide al Gobierno ayudas específicas para la gran industria consumidora de electricidad, como Alcoa, así como la vuelta de la interrumpibilidad

Más compensaciones para quien más electricidad consume. Es, básicamente, el resumen de las alegaciones que la Xunta de Galicia hace al proyecto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo gallego quiere que se reconozca y diferencie la figura de las grandes empresas consumidoras, que se recupere la interrumpibilidad, que las compensaciones por emisiones de CO2 se eleven al máximo y que se elimine la obligación de contratar a largo plazo al menos un 10% de energía de origen renovable. No es una enmienda a la totalidad, pero se aproxima, ya que el Ejecutivo gallego propone cambios en todos los grandes ejes del documento del ministerio de Reyes Maroto. Todos ellos están encaminados a asegurar la pervivencia de las grandes industrias en territorio gallego, empezando por la planta de Alcoa en Cervo.

Las alegaciones de la Xunta son compartidas por Asturias y Cantabria, comunidades, que, al igual que la gallega, cuentan con empresas de gran consumo (Alu Ibérica en Avilés o Ferroatlántica en Boo) que amenazan con abandonar el territorio si no se les rebaja la factura de la luz.

Un estatuto “incierto e insuficiente”

En el documento de alegaciones, la Xunta indica que las compensaciones previstas para las empresas electrointensivas son “inciertas”, ya que están sujetas al hecho de que el Ejecutivo apruebe los Presupuestos del Estado y a la autorización previa de la Comisión Europea. También dice que son “insuficientes”, ya que “no se compensa prioritariamente a los mayores consumidores respecto a los menores”. Asegura, de hecho, con respecto a la decisión del Gobierno de categorizar como electrointensivas a 612 empresas del país que “se incluyen en el estatuto plantas que no eran potencialmente beneficiarias ni lo habían solicitado”. 

El Ejecutivo gallego quiere que las medidas compensatorias provoquen una rebaja de, al menos, 10 euros por megavatio y hora, frente a los 2,25 euros/MWh que se prevén en el proyecto del estatuto.

Una categorización para Alcoa

“Un Estatuto de los consumidores electrointensivos que pretenda ser justo y equitativo debe de establecer una categorización de los mismos basada en el cumplimiento de unos parámetros en cuanto a la importancia económica de la electricidad”. De esta forma, insiste la Xunta en que es necesario que se reconozca la figura del consumidor hiperlectrointensivo, especialmente pensada para industrias como Alcoa que, precisamente por ese motivo, deberían recibir una serie de compensaciones extra.

“El ámbito de aplicación del estatuto no debe quedar desnaturalizado por la inclusión, con la misma categoría, de industrias de menor consumo junto con otras verdaderamente electrointensivas que por su tamaño, nivel de empleo, capacidad tractora y vinculación al territorio son empresas cuya hipotética deslocalización provocaría grandes impactos directos e indirectos en nuestras Comunidades Autónomas”, apuntan desde Galicias, Asturias y Cantabria.

Compensaciones diferenciadas

La hoja de ruta está clara. Una vez que se reconozcan distintas categorías de empresas electrointensivas, las mismas deberían percibir compensaciones diferenciadas. “Este reconocimiento de derecho no implicará el diseño en este reglamento de los mecanismos que lo hagan efectivo, dejándolo para una fase ulterior de desarrollo”, conceden las comunidades alegantes.

Recuperar la interrumpibilidad

El documento que la Xunta enviará esta tarde al Ministerio de Industria (el período habilitado de alegaciones acaba este jueves) también aboga por recuperar el servicio de interrumpibilidad, que desaparece en el proyecto del Gobierno central. Se deben recuperar las subastas pero con unas condiciones más ventajosas, de nuevo, para la gran industria, como Alcoa. “Deben tener unas condiciones similares a las dos subastas previas a la última celebrada en cuanto a potencia demandada, tipo de bloques y precio de salida”, apunta.

Máximas compensaciones de emisiones indirectas de C02

En línea con el sector industrial, el Ejecutivo gallego también exige que se eleven hasta el máximo permitido por Europa las compensaciones de las emisiones indirectas de CO2. “Solicitamos que el Gobierno formalice cuanto antes la notificación a la Comisión Europea para que apruebe la distribución del 25% de los ingresos de la subasta de CO2”, dice la Xunta. La cantidad llegaría a los 300 millones de euros, frente a los algo más de 160 millones repartidos por este concepto el pasado año. 

Eliminar contratación obligatoria de renovables

El proyecto de estatuto de Reyes Maroto también pasa porque las empresas establezcan unos contratos (PPA) para adquisición de energía a largo plazo. Al menos, un 10% debe ser energía de origen renovable. La Xunta, sin embargo, quiere eliminar esa obligatoriedad. “Se están imponiendo obligaciones del lado de la demanda, sin incorporar mecanismos de mercado que sitúen en igualdad de condiciones a las dos partes que deben suscribir el acuerdo”, opina el Gobierno autonómico

De no eliminar la obligación, la Xunta propone “que se establezca algún tipo de obligación similar sobre la generación de renovables, que sitúe en igualdad de condiciones a las partes que tienen que negociar”. “Una posibilidad podría ser limitar el precio que puedan ofrecer a sus costes de inversión más un porcentaje que le reconozca una rentabilidad razonable. Con ello, además se potenciaría la industria y se beneficiaría el desarrollo de las energías renovables, ambos objetivos estratégicos de este Gobierno”, explican.

Por último, tanto Galicia como Asturias y Cantabria solicitan que las comunidades autónomas tengan presencia en la Comisión de Riesgos del Mercado Electrointensivo que pretende constituir el Gobierno.

 

Un artículo de C.D.P.

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