La Xunta perdona a Sargadelos la devolución de las ayudas
Otorgó a la empresa 1,3 millones en créditos, parte de ellos condicionados al mantenimiento del empleo
El histórico grupo Sargadelos, fundado por Antonio Raimundo Ibáñez y reinventado por Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane, sigue inmerso en una batalla por salir a flote, en concurso de acreedores y con un expediente de regulación de empleo para despedir a 70 trabajadores (de hecho, ya los ha despedido) que ha llegado a los tribunales.
El abrumador descenso en las ventas de una compañía escasamente internacionalizada provocó la caída, pese a que la Xunta hizo lo posible por echar una mano. Xesgalicia movilizó en 2011 un crédito participativo a través del fondo Adiante 2000 de 950.000 euros para el grupo. Posteriormente, con Francisco Conde al frente de Economía, se otorgó otra inyección a fondo perdido de 400.000 euros.
Aunque el crédito de Xesgalicia, con Javier Guerra como titular de la Consellería, estaba condicionado al mantenimiento del empleo, algo que incumple actualmente Sargadelos, la Xunta no reclamará su devolución.
Que los socios se pongan las pilas
Así lo ha afirmado el conselleiro Francisco Conde, quien considera que “Sargadelos hizo un esfuerzo por mantener el empleo durante más de tres años y retirarle el crédito no ayuda a sobrellevar la situación”. Conde reconoció en una entrevista a La Opinión que el Gobierno gallego “hizo una apuesta” por una compañía que tenía “problemas de financiación y que abrió nuevos mercados”.
“Ahora atraviesa un momento de mucha dificultad. La clave está en que los socios identifiquen cuál es el proyecto empresarial que puede tener viabilidad”, sentenció.
El convenio con la patronal, a revisión
El conselleiro de Economía también reconoció que la Xunta está revisando la justificación de todos los gastos de la red Pexga, las plataformas exteriores de la Confederación de Empresarios de Galicia. El Igape, que financia el programa gestionado por los empresarios, ya ha devuelto facturas a la patronal por importe de 300.000 euros al considerar que no se ajustaban al convenio, es decir, que no eran gastos justificados.
Antonio Fontenla, que pilotó el programa, instó en su momento a mantener un pulso judicial con la Administración para obligarla a realizar los pagos. Conde eludió explicar en qué se había gastado ese dinero y afirmó que la Xunta sigue “revisando los gastos de otros años, como en cualquier procedimiento”.
El conselleiro aseguró que no habrá sanciones para la CEG, aunque sí que tendrá que devolver a las arcas públicas el dinero.
