La Xunta pagará 5 millones a ETT's para que busquen empleo a parados

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Las agencias de colocación privada cobrarán por cada contrato que encuentren a un desempleado siempre que dure un mínimo de 6 meses en un año

Alberto Núñez Feijóo

en A Coruña, 23 de julio de 2015 (16:29 CET)

El Consello da Xunta ha aprobado abrir el Servizo Público de Empleo a las agencias de colocación privadas. El Gobierno de Mariano Rajoy abrió la puerta a esta posibilidad en 2013, cambiando la normativa para favorecer la intermediación en el mercado laboral. El Gobierno gallego ha dado forma al programa, autorizando a los servicios de empleo a establecer contratos con empresas privadas para que encuentren trabajo a parados inscritos.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 4,9 millones de euros y está destinada a desempleados de larga duración y personas con especiales dificultades de inserción. En concreto, la Xunta aclara que se aplicará a los beneficiarios del programa Activa o a mayores de 45 años con más de dos años parados; a los desempleados de entre 26 y 44 años si llevan meno de 6 meses sin empleo; a los beneficiarios de la Renta de Inserción (Risga); a los menores de 25 años con formación y menos de 6 meses en paro; y a los ciudadanos de entre 45 y 54 años con menos de 6 meses sin empleo.

Condiciones para las empresas

La Xunta abonará una cuantía a las agencias privadas por cada contrato obtenido. Se intenta evitar la temporalidad marcando unos mínimos que son una duración de 6 meses en un período de 8 meses (es decir, la persona tiene que estar contratada al menos 6 meses y como máximo estar en paro 2 durante un periodo de 8 meses) o bien que sume 6 meses a lo largo de un año si son trabajadores fijos discontinuos.

Las agencias de colocación privada tendrán el estatus de colaboradores por lo que, explica el Gobierno gallego, será el Servizo Público Galego de Emprego el que coordine el proceso, vigile su funcionamiento y remita los parados a las empresas. A estas se les exige para optar a los contratos tener un centro en Galicia y que presentansen declaración responsable el 30 de abril. Hay un total de 22 que cumplen estos criterios. 

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