Las eléctricas vuelven a enfrentar a Rajoy y Feijóo. El Consello da Xunta ha dado el visto bueno a la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la orden del Ejecutivo Central, que deriva parte de los impuestos autonómicos que pagan las eléctricas al consumidor. O lo que es lo mismo, las tasas que gravan el daño medioambiental de las empresas ya no lo pagarán ellas, sino que formarán parte del cálculo de los peajes de acceso, el suplemento territorial que pagan los consumidores en la factura.
La medida del Gobierno de Mariano Rajoy afecta en Galicia al canon de saneamiento y el canon eólico, esta última fue una de las iniciativas con las que Feijóo defendió la anulación del reparto de megavatios del bipartito y lanzó su propio concurso eólico, siendo conselleiro de Industria el empresario Javier Guerra.
La orden del Ejecutivo central también afecta al impuesto sobre contaminación atmosférica y el impuesto sobre daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada. Su inclusión en la orden implica que repercutirían directamente sobre el bolsillo del ciudadano, pero Feijóo ha decidido recurrir su inclusión para el cálculo de las tarifas de acceso.
Los argumentos de la Xunta
La Xunta entiende que «todos estos tributos» tienen como objetivo «compensar los efectos negativos» que las actividades eléctricas tienen sobre el entorno natural, para «preservar el ambiente». En consecuencia, su recaudación se destina a la «conservación, reparación y restauración» ambiental.
Por este motivo, el Gobierno de Feijóo entiende que «no es posible repercutir en los consumidores estos impuestos», ya que en el caso gallego «no gravan el consumo de electricidad ni se refieren a la producción o generación de energía eléctrica», sino a las propias instalaciones de suministro.
Al tratarse de impuestos de carácter ambiental, la postura de la Administración autonómica es que «el coste debe ser soportado por quién genera el daño», por el principio de «quién contamina, paga«, consagrado en los tratados de la Unión Europea.
Otro litigio por las eléctricas
Feijóo y el Gobierno de Rajoy ya se enfrentaron antes por las eléctricas. Fue en la Ley de Acompañamiento de la Xunta que, en parte de su articulado, pretendía blindar al cliente contra los cobros estimados de las eléctricas, de manera que las compañías necesitarían el consentimiento expreso del usuario para realizarlos, pues no tenerlo podría ser motivo de sanción. El Constitucional consideró que esta medida invadía competencias estatales tras un recurso del Ejecutivo Central.
