La Xunta destina este año 13 millones de euros a ayudas al alquiler
Las entidades bancarias deberán registrar los inmuebles residenciales sin uso en el nuevo censo de viviendas vacías que empezará a funcionar a finales de marzo
El Gobierno gallego tiene previsto invertir en 2016 un total de 13 millnones de euros en las diferentes líneas de ayuda al alquiler que tiene en marcha la Xunta. Según ha precisado el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, serán alrededor de 6.520 familias las que se beneficien de estas medidas, 120 más que el pasado año.
Una de las iniciativas que más verá incrementar su presupuesto es el bono de alquiler social, al que la Xunta destinó un total de 1.020.000 euros el pasado año y que en 2016 ascenderá a 4.025.000 euros.
El bono consiste en una ayuda menusal de 150 euros a las familias que no pueden asumir el alquiler de su vivienda por un periodo de 12 meses, que se podrá prorrogar durante un año más previa solicitud del interesado.
Más supuestos
El programa, pensado inicialmente para las personas sobre las que pendía una resolución judicial de desahucio, se amplía a todos los que tengan la denuncia por esta causa presentada, así como a las víctimas de violencia de género o aquellas que pierdan su vivienda por una causa imprevista, como un incendio o un accidente.
A mayores, el programa prevé la concesión de una ayuda adicional de 450 euros para, en el caso de poder permanecer en la vivienda, ayudar a abonar las cantidades pendientes. Por su parte, en el caso de nuevo arrendamiento, estos 450 euros estarían destinados a cubrir los gastos de formalización del contrato, como la fianza o el alta de suministros.
Censo de viciendas vacías
El próximo mes de marzo entrará en funcionamiento el censo de viviendas vacías de Galicia, una iniciativa impulsada desde el Ejecutivo autonómico para empujar a las entidades financieras a incorporar al mercado buena parte de sus activos inmobiliarios ociosos con el fin de destinarlos, en parte, a políticas de índole social.
La inscripción en el censo será obligatoria para todos los inmuebles desocupados que formen parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Una vez que entre en vigor el decreto, a finales de marzo, las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para hacerlo, de lo contrario se enfrentarán a una sanción de hasta 3.000 euros por inmueble no registrado.
