La Xunta debe pagar más de 1.200 millones por peajes en la sombra en los próximos 40 años

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De no haber usado esta fórmula de financiación alternativa, la deuda pública se hubiera disparado hasta los 8.500 millones

Autopista AP-9

16 de octubre de 2012 (21:26 CET)

Los peajes en la sombra condicionarán las cuentas gallegas en los próximos cuarenta años. El vencedor de las elecciones del próximo domingo tendrá sobre la mesa al llegar a su despacho de San Caetano un informe del Consello de Contas, el correspondiente a 2010 sobre fiscalización de las cuentas públicas, que pone de manifiesto una serie de advertencias sobre esta fórmula de financiación público-privada que tanto juego ha dado a la Administración gallega en los últimos años. El objetivo que ha perseguido la Xunta al recurrir al peaje en la sombra es aminorar la factura del endeudamiento ordinario. En concreto, son un total de 1.229,6 millones de euros el importe comprometido al cierre de 2010 para abonar los pagos a las concesionarias. El plazo máximo del grueso de esas facturas vence en 2049.

Los gastos futuros que detecta el Consello de Contas sobre el recurso del peaje en la sombra se extienden desde 2008, cuando fueron comprometidas la Autovía do Salnés (101,1 millones de euros) y la Autovía Santiago-Brión (213,3 millones), pero el organismo fiscalizador incide en la etapa de Feijóo en la Xunta al sumar hasta 711 millones comprometidos desde 2009. Ahí se incluye la polémica Autovía do Barbanza, licitada por el bipartito antes de que Feijóo llegara al Gobierno, pero cuyos pagos tuvo que abordar el Ejecutivo entrante. Solo esta infraestructura suma 382 millones, a abonar hasta 2035. Con la fórmula del peaje en la sombra, construye y financia la autovía una empresa privada y la Administración gallega se encarga de pagar el peaje de los vehículos que circulan por ella, de modo que se financia, en última instancia, con impuestos, pero se evita el endeudamiento de la administración a corto plazo.

Sortear la deuda pública

Si la Administración gallega hubiera tenido que asumir con emisiones de deuda pública la construcción de dichas infraestructuras, la factura del endeudamiento rondaría actualmente los 8.500 millones de euros. De hecho, la deuda de Galicia aumentó un 19,5% en tasa interanual en el primer trimestre, hasta los 7.381 millones, un 12,8% del PIB. Al cierre del primer semestre llegó al 13,3% (7.627 millones).

El volumen que han ido adquiriendo los pagos a futuro de la Administración autonómica llama la atención de Contas, especialmente por el peso de los peajes en la sombra sobre el total del gasto comprometido. El órgano fiscalizador aboga por limitar la adquisición de nuevos compromisos a futuro y restringir, a través de una regulación que fije límites cualitativos y cuantitativos, el recurso a la colaboración público-privada, para acometer infraestructuras, entre las que actualmente se incluyen ya las hospitalarias.

Advertencias de Contas


Según detecta Contas, solo el peaje en la sombra de la Autovía Celanova-Frontera Portuguesa tiene un importe comprometido de 315 millones de euros, a pagar entre el presente ejercicio y 2039. La supresión de los peajes de Rande y A Barcala en la AP-9, impulsada por el bipartito, suma 202 millones, a abonar hasta el 2049.

El órgano fiscalizador, en un informe que todavía debe recoger las opiniones y valoraciones de la propia Xunta antes de ser presentado, estima que, a la vista de las disparidades observadas en los pagos anuales de los cánones, “es necesario, sin más dilación, que la Administración ajuste, con un criterio prudente, los compromisos futuros y la ejecución real en función de los resultados de tráfico de años anteriores y la información disponible de cara al futuro”.

Además, advierte que “la aprobación de estos contratos requerirá un informe previo y vinculante de la Consellería de Facenda en el que se analizarán los aspectos financieros y la repercusión en los presupuestos futuros y los objetivos de estabilidad”. También señala que en la documentación de los anteproyectos de ley que acompañan a los presupuestos se debe incluir un anexo que especifique los compromisos derivados de los contratos de colaboración público-privada celebrados cada año, con indicación de la cuantía y los pagos anuales previstos.
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