La Xunta aprieta las tuercas a Copasa, Itínere y Puentes y Calzadas

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El Gobierno gallego se blinda y repercute a las concesionarias de las autovías la responsabilidad ante posibles reclamaciones

Agustín Hernández y Núñez Feijóo | EFE

28 de mayo de 2014 (19:55 CET)

En un momento delicado para casi todas las concesionarias de vías en Galicia, la Xunta ha anunciado una futura ley que apretará aún más las clavijas a las empresas. El texto pretende garantizar los estándares de calidad fijados en el acuerdo de concesión y, en consecuencia, obliga a las adjudicatarias a mantener los servicios en los parámetros acordados si no quieren ser objeto de multas o sanciones.

Aunque la ley de calidad en los servicios públicos afectará a todas las concesiones, por ejemplo, el servicio de limpieza en centros de enseñanza, es especialmente significativo para las concesionarias de vías por el delicado momento que atraviesan, con Copasa perdiendo aceite en la autovía de O Salnés y la de A Costa da Morte, e Itínere presentando un balance negativo en la de O Barbanza, que sumó números rojos en 2012 de 561.000 euros y un agujero patrimonial de 11,9 millones.

Blindaje ante reclamaciones

Con estas dos arterias pidiendo el rescate y otras, como la de Ourense-Celanova (A-52) en números rojos, el Gobierno gallego ha atacado por otro frente. No solo apuntala el vehículo normativo para sancionar económicamente a las concesionarias en caso de incumplir los parámetros de calidad en el servicio, sino que también se blinda para que repercutan sobre ellas las reclamaciones de los usuarios.

Según relató Núñez Feijóo, la nueva ley articulará una especie de “carta de derechos” de los usuarios que les permitirá, en caso de que estos sean vulnerados, presentar reclamaciones. Pero ahora, aunque la Xunta sea titular de la vía, será la concesionaria la primera responsable y deberá atender a dicha reclamación. Anteriormente, era el Gobierno gallego quien debía reparar los daños y pasar luego la factura a la empresa concesionaria. La futura ley recogerá primera vez que "tendrán que dar una repuesto a la reclamación de un ciudadano", y no se podrán "parapetar" detrás de la Administración para "sufragar la responsabilidad patrimonial" de su servicio, aseveró el presidente de la Xunta.

Puentes y Calzadas, Copasa, Itínere y NCG

A estas nuevas condiciones se someterán las concesiones de la constructora ourensana Copasa, que controla tres autovías adjudicadas mediante el método de peaje en sombra, Ourense-Celanova, O Salnés y A Costa da Morte. En el caso de la autovía de O Salnés, el grupo coruñés Puentes y Calzadas y NCG controlan un 30% del capital.

La autovía do Barbanza fue adjudicada a una UTE formada también por Novagalicia y el grupo Itínere, que controla además la AG-57 Puxeiros-Baiona, la AG-55 A Coruña-Carballo y la vía de titularidad estatal AP-9, la Autopista do Atlántico. El grupo concesionario de autopistas, uno de los más grandes del Estado, lleva mucho tiempo golpeado por los rumores de venta. Sacyr y Citi son los principales accionistas, aunque también están en el capital Novagalicia, Kutxabank y Liberbank como socios minoritarios.

Mecanismos de control

Las aspiraciones de la Xunta para apuntalar el control sobre las concesionarias requieren también esfuerzos previos. Será necesario, además de la carta de derechos de los usuarios, establecer mecanismos de “evaluación continua” de la calidad de los servicios prestados. El propio pliego de los concursos incluirá los mecanismos con los que se evaluará el servicio.

El Gobierno gallego se compromete a completar el programa con un plan de mejoras que se irá revisando “plurianualmente” para verificar que se han cumplido los objetivos.

Además de las sanciones económicas, los resultados negativos en los test de calidad restarán puntos a las concesionarias en futuros concursos, de manera que partirán con desventaja para lograr adjudicaciones.
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