La Xunta aparta a KPMG, Deloitte, BDO y Pricewaterhouse de su Administración paralela

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Rechaza sus ofertas de auditoría y confía a dos pequeñas consultoras gallegas los entresijos del Igape, IGVS, Sodiga, SPI, Xacobeo o Cidade da Cultura

Feijóo y la conselleira Elena Muñoz en el Parlamento | EFE

22 de noviembre de 2014 (22:41 CET)

La Consellería de Facenda ha prescindido de las mayores auditoras internacionales en los trabajos para escrutar externamente los entresijos de las cuentas y la legalidad de las operaciones llevadas a cabo por varias de las piezas de mayor valor y peso dentro del entramado de su Administración paralela. En lugar de contratar a las delegaciones españolas de los gigantes Deloitte, KPMG, Pricewaterhousecoopers (PwC) o BDO, que continuarán trabajando para la Administración gallega en otras tareas, ha optado por adjudicar a dos pequeñas consultorías gallegas --Audicon y Sace-- la mayor parte de un contrato múltiple para verificar los ingresos y los gastos y vigilar la aplicación y cumplimiento de la normativa correspondiente de estos entes. Una firma madrileña del sector también asumirá una parte de la tarea.

En los diversos lotes de control de organismos autónomos y entidades mercantiles y fundaciones en los que se fragmentó el expediente de contratación pública, resuelto recientemente por la Consellería de Facenda, figuran como destinatarios de los trabajos, entre otros: el Igape, la Sociedade Galega de Investimentos (SPI), el IGVS (Instituto Galego da Vivenda e o Solo) y Sodiga, ahora integrado en Xesgalicia. Este última, precisamente, se sitúa en el centro de las críticas por navegar desde hace años por debajo de la línea de flotación de la rentabilidad. Su configuración jurídica como empresa de capital riesgo le ha hecho acumular con los años una deuda viva superior a los 50 millones de euros (de dinero público), fruto de sus irregulares periplos por empresas privadas, en su mayor parte finalmente deficitarias.

Erario público

Buena parte de estos organismos autónomos, fundaciones y sociedades mercantiles conforman el principal músculo inversor del sector público gallego, el núcleo duro de la denominada Administración paralela, una especie de maraña administrativa que, aunque enormemente aligerada en este momento, llegó a contar en 2009 con hasta 400 piezas diferentes. Estos entes económicos y de desarrollo trabajan en dos ámbitos y de forma complementaria. Es decir, operan tanto en la parte en la que se conceden subvenciones y se comprometen, a costa del erario público, garantías de inversión y créditos, como por la parte financiera activa, en la que se aportan directamente los fondos públicos destinados a la construcción, sin ánimo de exhaustividad, de carreteras, colegios, pabellones deportivos, hospitales y otras grandes obras de interés general.

En la reciente adjudicación también figuran como objetivos de las auditorías a las que se aplicará la disciplina contable y de la legalidad, la Compañía de Radio Televisión de Galicia (Crtvg), el Consello Galego de Relacións Laborais, las sociedades públicas Galaria y Xacobeo. Y se incluyen en los lotes varias fundaciones, entre las que figuran Cidade da Cultura, Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnológico, Ingo, Funga, Rof-Codina, Fundación Galega para o Traballo, asi como la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Esta última gestiona, entre otros elementos, el banco de tierras y las subvenciones de diferentes proyectos de áreas rurales de Galicia.

Precio elevado

KPMG, Deloitte, PwC y BDO se presentaron al concurso público en algunos de los minicontratos en los que se subdividió el expediente administrativo. Pero las cuatro fantásticas no lograron ninguno de sus objetivos. Según la Xunta, sus propuestas económicas, en todos los casos, eran demasiado elevadas respecto a sus competidores. Sin embargo, sí recibieron buenas puntuaciones del órgano de contratación respecto a los tiempos en los que se comprometían a desarrollar las tareas de inspección contable o de la legalidad. Pero no fue suficiente. De los cinco lotes del contrato, tres fueron adjudicados por la Consellería de Facenda a la santiaguesa Audicon, y los otros dos a la lucense Sace y a la madrileño-albaceteña Espaudit.

En lo que parece un movimiento táctico por parte de la Xunta para evitar la concentración en manos de los gigantes del sector de auditoría en las tareas propias de control financiero y de la legalidad de diversos organismos, empresas, entes públicos y fundaciones en las que la Administración gallega ejerce un cargo tuitivo, estas tres pequeñas consultorías, como consecuencia de este giro, han asumido, alternativamente, la misión de vigilar el funcionamiento del brazo público más poderoso. No sólo por el número de expedientes que maneja al cabo del año, sino porque es el que más relación guarda, por sus cuantías anuales, principalmente con las empresas constructoras, cometido que principalmente llevan a cabo la SPI y el IGVS.

Asunción de tareas

La relación contractual de la Xunta con las grandes auditoras internacionales, situadas también en los cuatro primeros puestos del ránking nacional y con una cifra de negocio conjunta próxima a los 1.800 millones de euros anuales sólo en España, tiene sus vaivenes. Deloitte, por ejemplo, se encarga de realizar informes auditores en Sodiga o el Igape, pero ahora tendrá que compartir las tareas con las auditoras Audicon y Espaudit, tras ganar estas el concurso público. Por su parte, a KPMG se le encomendaron en su momento las tareas de control de la SPI, a la que ahora se ha añadido la santiaguesa Audicon para ejecutar la auditoría de la legalidad de sus operaciones. KPMG, que realizó la auditoría de las dos cajas gallegas antes de la fusión, tuvo que ceder a Deloitte, por decisión de la Xunta, su puesto en el control de Sodiga y Xesgalicia, así como en las sociedades de capital riesgo Emprende, Xes-innova y Adiante 2000.
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