La Xunta activa una reforma forestal que ignora su propio informe

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El nuevo decreto agiliza trámites y ofrece mejoras fiscales, pero evita los estímulos económicos y obvia la certificación de madera

La Asociación de Becarios presenta el informe a Alberto Núñez Feijóo

02 de marzo de 2014 (04:57 CET)

El primer paso hacia delante que ha dado la Xunta para redefinir el sector forestal gallego ha sido tímido. Del conjunto de medidas que había propuesto la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié por encargo de Alberto Núñez Feijóo, apenas se dibujarán algunos trazos en el nuevo decreto que prepara el Gobierno gallego y que fue presentado hace una semana como un conjunto de facilidades administrativas “para ordenar el monte” y “sacar provecho a la riqueza forestal”, en palabras del presidente de la Xunta.

La medida más importante que aplicará la nueva normativa será la llamada “ventanilla única”, que permitirá esquivar la pesada tramitación de permisos en los diferentes departamentos gracias al llamado documento compartido de gestión forestal, que concentra en una única autorización todas las actuaciones planificadas. Anteriormente, una corta y transporte de madera podía acarrear la solicitud de hasta 15 permisos diferentes.

Sin embargo, a pesar de esta notable mejora, quedan en el aire algunas de las reivindicaciones del sector para corregir el escaso aprovechamiento de la superficie forestal de Galicia –se estima en un 30% la superficie desaprovechada-- y una estructura de la propiedad concentrada en minifundios privados.

Agrupación de propietarios

El informe de la Asociacion de Becarios de la Fundación Barrié proponía una inversión de 485 millones en el monte gallego, estimando que tendría un impacto económico de 2.700 millones. El primer paso de la reforma pasaría por un programa de comunicación destinado a potenciar el asociacionismo y la gestión conjunta de las parcelas, que debería estar acompañada de subvenciones y ventajas fiscales para los propietarios.

Esta idea se recoge parcialmente. Núñez Feijóo anunció que los propietarios que cuenten con un certificado de gestión u ordenación forestal sostenible, una de las exigencias que establece el reglamento europeo, quedarán exentos del Imposto de Bienes Inmuebles y del cómputo como ingreso en la base del IRPF de los importes de las subvenciones públicas concedidas. Pero las ayudas están todavía por definir.

Según Medio Rural, se asignarán en los próximos meses cuando queden definidos los Planes de Desarrollo Rural de las distintas comunidades autónomas y procederán de fondos europeos (FEADER).

Certificación forestal

En cuanto al estímulo de la certificación forestal, un proceso que añade valor añadido a la madera y que, poco a poco, se está convirtiendo en un requisito indispensable para comercializar el producto en mercados europeos, la Xunta entiende que se trata de un “instrumento privado de mercado” y que no puede “legislar” sobre él. En todo caso, explican en el departamento que dirige Rosa Quintana, sí que se prioriza la concesión de ayudas públicas para las parcelas certificadas.

El informe de la Asociación de Becarios proponía además que el Gobierno gallego se comprometiera a certificar la totalidad de los bosques de titularidad pública en dos años. No hay ningún compromiso al respecto, por el momento. Ence y Finsa, dos de las empresas clave para el sector maderera, son dos de los motores que están impulsando la certificación en Galicia, precisamente, por la necesidad de exportar productos de mayor valor añadido.
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