Mina de San Finx / Sacyr

La Xunta acaba en la ONU por la falta de transparencia en proyectos mineros

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La ONU admite una queja de asociaciones ecologistas por los impedimentos de la Xunta en el acceso a la información de proyectos mineros de Lousame y Varilongo

en A Coruña, 30 de marzo de 2018 (16:39 CET)

La Xunta, que a finales del año pasado fue condenada por negar en repetidas ocasiones la solicitud de información sobre los derechos mineros en Corcoesto, ha acabado en la ONU por motivos similares.

Las asociaciones Petón do Lobo y Ouriol do Anllóns presentaron el 24 de julio del pasado año una queja contra el Gobierno gallego por la "constante obstaculización" en el acceso a información sobre proyectos mineros.

En este caso, las organizaciones a los expedientes relacionados con las minas de San Finx, en Lousame y explotada por Sacyr, y de Varilongo, en Santa Comba (A Coruña).

Admitida el 15 de marzo

La ONU, a través de la comisión de cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre participación pública en materia de medioambiente, admitió a trámite el pasado 15 de marzo.

El relato de las asociaciones alerta de que los "impedimentos" en el acceso a la información "continúan siendo uno de los principales obstáculos" para los movimientos por la defensa del territorio. En este sentido, alude a conflictos como el de la mina de cobre de Touro (A Coruña).

La delegación española se opuso

La queja emitida al órgano de la ONU, tal y como relatan los ecologistas, se produjo "después de agotar las vías domésticas y de que la Xunta continuase ignorando las solicitudes".

Además, aseguran que fue admitida a pesar de la oposición de la delegación española en la comisión, que afirmó --dicen-- que no se habían utilizado tales vías y que sí hubo proceso de participación pública en San Finx y Varilongo. Según las asociaciones, "totalmente falso".

Contra Tahoces

Las entidades gallegas, a través de su representante, el profesor de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) especialista en derecho ambiental internacional Warren Lavey, aseguraron que las resoluciones de 2008 y 2009 de ambos proyectos establecían el condicionante de someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental.

Esto, según la queja, fue "ignorado" por el siguiente y actual director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, tras el cambio de gobierno en la Xunta en 2009.

Así, las asociaciones subrayan que "el silencio negativo y los obstáculos y condicionamientos continuados al acceso de la información ambiental de los expedientes mineros (...) son la práctica habitual" del departamento de Tahoces, que "pone por encima de la protección del medioambiente los intereses económicos y comerciales" y "encubre actuaciones irregulares" de las empresas mineras y de su administración.

El convenio de Aarhus

El convenio de la ONU sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente es un tratado internacional firmado el 25 de junio en la ciudad danesa de Aarhus. España, por su parte, ratificó sus decisiones posteriormente, el 15 de diciembre de 2004.

En este sentido, según explican las organizaciones que interpusieron la queja, su admisión a trámite supondrá que sea el departamento de asuntos internacionales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) el que dé cuentas ante la ONU sobre la actuación de la Xunta.

 

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