La Valedora do Pobo también investigará las residencias de mayores
La propagación de los contagios pone a las residencias de mayores de la comunidad en el centro de la polémica. La Xunta ha abierto expedientes informativos
La crisis sanitaria por el Covid-19 ha propiciado, además de la situación de alerta en el ámbito de la salud, mayores problemas para los colectivos más vulnerables y para aquellos que no cuentan con lo que se conoce como ‘caja de resistencia’. Estos inconvenientes han llegado a la sede del Valedor do Pobo, institución que se ha «volcado» en la tramitación de los expedientes vinculados con la pandemia, y que ha iniciado varias investigaciones de oficio, una de ellas vinculada con la situación de las residencias de mayores.
La institución comisionada del Parlamento sostiene que las personas mayores «sufren un mayor riesgo» por el Covid-19, que las convierte en «personas especialmente vulnerables». Así, desde la declaración del estado de alarma, se han recibido «quejas» sobre la situación de algunas residencias de mayores, que han sido tramitadas y han originado una investigación de oficio por parte de la valedora, María Dolores Fernández Galiño, y su equipo para conocer en detalle «las actuaciones que se están llevando a cabo».
En lo que se refiere a las actuaciones y servicios que quedaron sometidos a las normas del Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, por el que se ha declarado el estado de alarma, los problemas detectados en las residencias fueron elevados al Defensor del Pueblo, la institución que tiene la labor de velar por los ciudadanos en el ámbito estatal.
Las residencias, en el ojo del huracán
Así, se le ha trasladado al Defensor del Pueblo la «necesidad» de «modificar» el real decreto para incluir «una regulación sobre la suspensión del régimen de visitas durante el estado de alarma».
La situación de las residencias de mayores ha sido una de las cuestiones que ha centrado la actuación política en los últimos días en Galicia, ante el elevado número de contagios entre persona y residentes. En este sentido, BNG y Galicia en Común han reclamado la intervención pública de los centros de mayores, mientras que el PSdeG también ha exigido mayor información detallada y poner «todos los esfuerzos» para proteger al personal y a los residentes.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que el Gobierno gallego esperará a conocer el informe del expediente informativo abierto a la DomusVi para determinar si abre un expediente sancionador contra esta empresa, que gestiona varias residencias de mayores en Galicia en las que se han producido brotes de coronavirus.
Fiscalía de Galicia
Por su parte, la Fiscalía Superior de Galicia ha sumado una denuncia presentada por el Defensor del Paciente a las diligencias preprocesales civiles abiertas en residencias de mayores en relación a los contagios de coronavirus, tal y como lo ha dictado este miércoles en un decreto en el que traslada la incorporación de esta denuncia a las diversas Fiscalías Provinciales y de Área, que son las encargadas de realizar el seguimiento exhaustivo de estos centros, tanto públicos como privados, durante esta crisis sanitaria.
Las quejas en el estado de alarma
A la sede del Valedor do Pobo, han llegado, desde la declaración del estado de alarma, problemas que van desde el pago del alquiler de pisos de estudiantes y facturas de los recibos, hasta la situación en la que ha quedado el colectivo de personas dedicado a la venta ambulante. Pero también otros casos como el acompañamiento a enfermos oncológicos.
Según la información de la defensoría gallega, se ha dado tramitación inmediata por su «urgencia y menor impacto procedimental».
Así, se actuó para que se atendiese al colectivo de sordos, por la ausencia de un servicio diario y las 24 horas de intérprete de lengua de signos para la atención sanitaria, carencias de accesibilidad para las personas en la información «necesaria» para lugar contra el coronavirus y la «dificultad para acceder a medios subsistencia» de las familias dedicadas a la venta ambulante.
También se gestionaron cuestiones relativas a los cortes eléctricos durante la vigencia del estado de alarma y la falta de suministro alimenticio o de primera necesidad para las personas que los recibían de las entidades sociales.
