La red empresarial de Gerardo Crespo ocultó su situación financiera mientras recibía subvenciones

La Operación Zeta ha dado un vuelco a toda la política gallega. La supuesta trama de subvenciones para cursos de formación de la Xunta cuyo cabecilla es, supuestamente, el empresario coruñés Gerardo Crespo, vinculado al PP, derivó en que este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciase que el propio gobierno gallego se personará en la causa que investiga las irregularidades.

Feijóo se vio señalado por toda la oposición ayer, al igual que la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, amiga personal de Crespo y responsable del departamento desde el que se otorgaban las subvenciones para los cursos de formación. Según el sumario fue supuesta receptora de regalos del empresario.

Mato aseguró en el Parlamento gallego que los implicados en la trama de cursos de formación (hay siete imputados) “engañaron a todos”, tanto al ejecutivo actual de la Xunta, como al bipartito y a distintas administraciones que también les dieron ayudas financieras por trabajos que no se llevaron a cabo. La realidad es que las personas situadas en el epicentro de la Operación Zeta cuentan con una amplia red de sociedades en distintos ámbitos. En común tienen su opacidad, ya que la mayoría no presenta cuentas ante el Registro Mercantil desde 2011 (correspondientes a 2010). Muchas de ellas, aún sin tener su contabilidad al día, recibieron subvenciones de distintos organismos hasta 2012.

Las empresas de los cursos de formación

Y es que, según datos del Registro Mercantil, al menos 11 sociedades vinculadas a Gerardo Crespo y a su mujer, María del Carmen Canel, presentaron como último balance de cuentas las correspondientes al año 2010. Es el caso, por ejemplo, de Azetanet, una de las principales sociedades de la trama. Esta empresa era receptora habitual del 80% de los fondos destinados al desarrollo de los cursos de formación. Su administradora única es Canel Crespo.

Pero esta no es, ni de lejos, la única sociedad relacionada con el cabecilla de la trama que no tiene sus cuentas al día. Tampoco Gecreri SL, cuyo objeto es el desarrollo de iniciativas y medidas para la formación profesional de desempleados. Cuenta con un capital social de 106.000 euros, tras una ampliación de 100.000 llevada a cabo en 2011. La apoderada es Margarita Ordónez, una de las empleadas de Crespo imputadas.

Construcción

Pero en la red de empresas de Crespo y compañía no sólo hay empresas dedicadas a captar subvenciones administrativas. La rama de la construcción también está presente a través de Artabria Inmuebles y Desarrollos Urbanos Aralia. De nuevo, hace tres años que no actualizan el estado de sus cuentas ante el Registro Mercantil.

Según el sumario judicial, a través de la primera –Artabria Inmuebles—Crespo y su mujer supuestamente facturaban alquileres a multitud de sociedades, entre ellas por ejemplo Gecreri y Azetanet.

Concurso de acreedores

Canel es también apoderada de otras sociedades en la misma situación de opacidad contable, como es el caso de Ediciones Transfontao, dedicada a la edición de libros y DVD educativos, y Mavilga, dedicada al mantenimiento informático y a la distribución de software y hardware. En la misma situación se encuentran Gecam Formación, Crea 2 Ediciones SL, Informaziona SL y Picnotic SL.

Al margen de la investigación judicial en curso, hay otro dato que deja a las claras la escasa transparencia de las sociedades gestionadas por Crespo. El pasado 16 de octubre, el BOE recogía la declaración de concurso voluntario tanto del empresario como de su mujer.