La polémica por las rentas antiguas se reaviva tras el intento de desahucio de una anciana coruñesa

La polémica por las viviendas de renta antigua ha vuelto a saltar a la palestra esta semana debido al frustrado intento de desahucio de una anciana coruñesa, Aurelia Rey. La octogenaria es una de las 200.000 personas que, se estima, hay en España con un tipo de alquiler a precio reducido, derivado de las antiguas rentas ociales que se aplicaron en los años 50 y 60. 

Con el objetivo de recuperar el piso, situado en una céntrica calle coruñesa, los dueños de la vivienda, en la que reside Aurelia desde hace 30 años, iniciaron un procedimiento judicial tras retrasarse la anciana unos días en el pago de la mensualidad estipulada, de 126 euros. El resultado fue una sentencia firme de desahucio que fue paralizada varias veces esta semana por el colectivo Stop Desahucios.

‘Decreto Boyer’

Sin embargo, profesionales del sector inmobiliario destacan que el de Aurelia no es un caso de desahucio típico. “Este no es un proceso de ejecución hipotecaria, porque la vivienda no es propiedad de esta mujer, sino que ella está alquilada. Lo que han hecho los arrendatarios es legal, otra cosa es que sea ético o no”, explican profesionales del sector inmobiliario, que reconocen la polémica que genera este caso.

En 1985 el conocido como Decreto Boyer abolió la prórroga forzosa a la que estaban sometidos los contratos de renta antigua desde esa fecha en adelante, y se empezaron a introducir precios más competitivos en el mercado del alquiler. “Cada cinco años, la renta se iba incrementado. En el caso de inmuebles comerciales, el año que viene será cuando queden completamente actualizados”, explican desde la Federación de Empresas Inmobiliarias de Galicia (Fegein).

Un caso que no es único

Según indican, el caso de Aurelia Rey no es único, ya que, en la mayoría de las grandes ciudades gallegas se siguen manteniendo muchos inmuebles acogidos a la renta antigua. “De hecho, suelen ser personas mayores las que poseen este tipo de alquiler, al llevar muchos años en un piso. Las viviendas de renta antigua suelen estar en los cascos antiguos de las ciudades gallegas. Aunque los pisos son muy viejos, en su mayoría, están en una zona céntrica, de ahí el interés de muchos arrendatario en poder rehabilitarlos”, indican.

Sin embargo, los profesionales del sector consultados por Economía Digital coinciden en que “muy pocas veces” se produce una situación como esta, que ha captado la atención mediática de todo el país. “Es muy raro que se llegue a una situación de este tipo, en la que hay una orden judicial de por medio para echar al inquilino. Lo habitual es que se lleve a cabo una negociación, que deriva o bien en la subida del precio del alquiler o incluso en abonar una cantidad a los inquilinos para que se marchen”.

Las ofertas

La situación de Aurelia ha dado lugar a distintas opiniones. El Valedor do Pobo ha decidido mediar en el conflicto y, por ahora, la mujer ha rechazado las opciones que le han propuesto desde el Ayuntamiento de A Coruña y desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo. El concello se ofreció a trasladarla a la residencia Padre Rubinos, mientras que el organismo dependiente de la Xunta se dispuso a facilitarle una vivienda social ubicada en Novo Mesoiro o en Eirís. La octogenaria denegó las propuestas, y los colectivos a su favor aluden al “desarraigo” que podría suponer cambiar el domicilio a la anciana.

El abogado de la anciana, que se prestó a ejercer de oficio, asegura que hay buena disposición por parte de la familia propietaria para encontrar una solución “proporcionada por la Administración”. Desde el sector inmobiliario recuerdan que, con el dictamen judicial en marcha, solo hay dos opciones: “O que abandone su vivienda o que los propietarios retiren la denuncia. No se puede parar de otra forma”.

Debate político

Y así, mientras el caso de las rentas antiguas vuelve a cobrar actualidad, los desahucios por ejecución hipotecaria siguen debatiéndose en los círculos políticos.

Este viernes, el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU y el BNG han incluido entre sus propuestas de resolución sobre el Debate del Estado de la Nación medidas para solucionar el problemas de los desahucios, un tema que también recogen los populares, si bien únicamente proponen facilitar la reestructuración de la deuda y proteger a los colectivos más vulnerables a través de la ampliación del Código de Buenas Prácticas.

La propuesta de la oposición

Los partidos de la oposición piden ir más allá. Así, los socialistas proponen que, durante la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios y de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago se aproveche para modificar la Legislación Hipotecaria y dar solución al problema de sobreendeudamiento sobrevenido.

Además, piden que se suspendan de forma inmediata todas las ejecuciones y lanzamientos (independientemente de en qué punto se encuentren y de si van por vía judicial o extrajudicial), así como los intereses de demora, mientras se concluye la tramitación de la nueva normativa.