La patronal de paquetería, a la greña con Correos por el servicio público

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El Ministerio de Hacienda abre este lunes las ofertas e inicia la adjudicación de un contrato de 150 millones

El presidente de Correos, Javier Cuesta

22 de septiembre de 2014 (00:00 CET)

El Ministerio de Hacienda dará el disparo de salida este lunes a uno de los concursos públicos más polémicos del año: el denominado Acuerdo Marco de Servicios Postales de la Administración General del Estado. El departamento de Cristóbal Montoro abrirá los sobres de las ofertas técnicas que compiten por un contrato de hasta 150 millones de euros de cuatro años de duración con su posible impugnación en el aire. El pulso entre la patronal de paquetería, Organización Empresarial Logística y Transporte (UNO), y Correos está latente en la licitación.

El calendario ideado por el Gobierno contempla la adjudicación para noviembre. UNO dispone del mismo tiempo para decidir si presenta un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional que suspenda el proceso. La patronal argumenta que el pliego de condiciones es claramente favorable a Correos, por lo que se genera una situación de competencia desleal.

Arbitraje

La vía jurídica es la única que le ha dejado el tribunal administrativo que arbitra en las discrepancias que surgen entre licitantes y Gobierno central, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El organismo adscrito al Ministerio de Hacienda (es independiente a las decisiones políticas) ha desestimado el primer recurso interpuesto por la patronal. Considera que no está suficientemente probado que los requisitos para ofertar favorezcan al operador postal público presidido por Javier Cuesta.

El comité ejecutivo de UNO decidirá a lo largo de las próximas semanas si defiende su posición en los tribunales. Por lo pronto, se personarán este lunes en la apertura de sobres para conocer quién ha dado el paso al frente y echa un pulso a Correos para hacerse con el contrato. Son pesimistas respecto al resultado final de la adjudicación; una realidad que, de concretarse, certificaría la obstrucción a la libre competencia que suponen los requisitos del concurso, desde su punto de vista.

Críticas de la CNMC

El concurso fue convocado oficialmente a principios de agosto tras un informe muy crítico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los plieguos finales incluyen parte de la argumentación del superregulador, pero sus recomendaciones no han sido atendidas completamente.

En su escrito, indicó que “la presunción de veracidad y fehacienda de las notificaciones de órganos administrativos y judiciales por medios físicos y telemáticos” de la sociedad estatal supone una “capacidad distorsionadora” que le otorga “una posición ventajosa frente al resto de competidores”.

También advirtió a Hacienda que era “excesivo” el porcentaje de modificación del precio de adjudicación. Los pliegos permiten una desviación de hasta el 50%. Incluso censuró que en el apartado técnico se premiaran las ofertas con más oficinas en capitales de provincia, una condición que favorezce a Correos. Estos elementos se han mantenido en los pliegos finales.
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