La patronal de A Coruña denuncia que el Igape incumplió los acuerdos de la red Pexga

La Confederación de Empresarios de A Coruña está dispuesta a iniciar una acción legal contra el Igape. El conflicto, ahora enquistado en la patronal gallega dirigida por Fernández Alvariño, parte de la red de centros en el exterior, las plataformas que deben servir de impulso a la internacionalización de las empresas gallegas. El convenio que gestionó Fontenla, al frente de la CEG, finalizó en enero de 2014, dejando en el aire 300.000 euros en facturas que el Igape, el organismo que financió el programa, se niega a pagar. Asegura que esos gastos no se ajustan al convenio.

Pero en A Coruña le dan la vuelta al argumento y aseguran que es el organismo dirigido por Javier Aguilera el que incumple el acuerdo, al negarse a abonar las facturas. Estos son los argumentos de la confederación provincial, que pugna para que Alvariño acceda a presentar un contencioso contra el Igape.

El problema de las fianzas

En un escrito remitido a la CEG, la patronal coruñesa argumenta que no se puede realizar todavía una “cuantificación exacta” del convenio para financiar la red exterior, que se firmó por cuatro años (2010-2013) con una financiación máxima de 18 millones de euros. Estos es debido a que “todavía no se ha llevado a cabo el proceso de recuperación de fianzas depositadas (por el arrendamiento de las oficinas) o el mobiliario y equipos existentes en las oficinas de la red Pexga”.

Respecto a las fianzas por el alquiler de inmuebles, aclara que el Igape acordó “para que no produjese quebranto patrimonial en la CEG”, computar estos depósitos como gasto subvencionable, que se recuperaría una vez devueltas las fianzas a la patronal. Este acuerdo “ahora parece no respetarse”, dice la Confederación de Empresarios de A Coruña

El problema técnico

La organización que preside Antonio Fontenla reconoce que hay diferencias en los “criterios técnicos” a la hora de valorar los gastos subvencionables. Sin embargo, argumenta que la mayor parte de las facturas que el Igape se niega a sufragar corresponden a las fianzas para el arrendamiento de inmuebles y a los gastos de personal.

Del resto, aunque no especifica el tipo de gasto, asegura que son también reclamables y que un informe del bufete Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira afirma que hay elevadas posibilidades de recuperar la totalidad en un proceso judicial.

El problema de la comisión de seguimiento

Asímismo, la patronal coruñesa asegura que en las reuniones de la comisión de seguimiento de la red Pexga, en las que hay técnicos del Igape y representantes de la CEG, se acordaron actuaciones y gastos subvencionables que el organismo se niega ahora a asumir, “lo que parece una contradicción a sus propios actos”, dicen los empresarios coruñeses.