La paradoja de Teo: municipalizar el agua y que la concesionaria te pague

La predilección de las mareas por la remunicipalización de servicios, una de las banderas con las que llegaron a las alcaldías en las municipales de 2015, tiene un curioso antecedente en Teo, municipio limítrofe con Santiago, que devolvió a la gestión pública el servicio del agua en 2015 por impulso del entonces alcalde Martiño Noriega, ahora regidor en la capital gallega.

Tan particular es el proceso que el Gobierno municipal estima que la operación podría reportarle un beneficio de 1,5 millones a causa de los distintos pagos que debe afrontar la concesionaria, Aquagest (actual Viaqua), por la liquidación del contrato. Esa cuantía bastaría para mantener el servicio durante casi una década, pues actualmente es deficitario en menos de 200.000 euros. La empresa, sin embargo, considera que será compensada en más de un millón de euros.

Así de dispares fueron las interpretaciones de una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Santiago, fechada el pasado 23 de lmarzo, y que reconoce la nulidad de la prórroga del contrato concesional efectuada en 2007 por el Gobierno del PP en la antesala de las elecciones.

Fue la anulación de la prórroga del contrato la que permitió al Consistorio iniciar el camino para la municipalización del servicio. El cálculo para la liquidación de la concesionaria, sin embargo, genera notables discrepancias entre Viaqua y Concello, aún después de la sentencia.

Los números del alcalde

El juzgado estima parcialmente el recurso de la empresa y obliga a calcular la liquidación del contrato sobre la base de varios criterios. El alcalde de Teo, Rafael Sisto, hizo números y estimó que las arcas públicas percibirían de Viaqua 2,2 millones de la liquidación corregida entre 2001 y 2014. Se refiere con ello a determinados pagos asumidos por el Ayuntamiento para compensar el déficit en el servicio prestado por la empresa sin repercutir el coste en los vecinos. Suma otros 760.00 euros por los costes energéticos, que eran asumidos por las arcas municipales en base a la prórroga declarada nula. A mayores, percibiría otros 230.000 euros por la gestión de la depuradora de Calo, que debía haber asumido la antigua Aquagest. En conjunto, 3,2 millones. 

En cambio, solo tendría que abonar a Viaqua una compensación de 1,5 millones por determinadas inversiones. No le reconoce el juzgado el lucro cesante. En consecuencia, la operación podría saldarse con un saldo positivo de 1,5 millones para el Ayuntamiento. Pero esas cuentas pueden fallar, pues el juez deja en el aire las cuantías de las liquidaciones trimestrales hasta la ejecución de sentencia, si bien reconoce el derecho de la empresa a percibirlas. Viaqua cree que le reportarán un saldo favorable superior al millón de euros. 

¿Es más eficiente el servicio?

El actual regidor y que cuando se pidió la nulidad del contrato era el concejal de Urbanismo, Rafael Sisto, fue el que llevó de primera mano la municipalización del servicio. Según explicó, la nueva gestión ha conseguido un ahorro en el primer año de unos 250.000 euros con respecto a lo que gastaba el Ayuntamiento cuando la llevaba la concesionaria, algo más de 400.000 euros anuales. Por lo tanto, el déficit se situaría actualmente en los 150.000 euros. 

Las batallas judiciales y el riesgo de tener que abonar cuantiosas indemnizaciones –Viaqua reclama en Teo cuatro millones– disuadió a los alcaldes de las mareas de los intentos de remunicipalización de servicios. Solamente Martiño Noriega en Santiago puso en marcha la recuperación del servicio de grúa y ORA, sin que existan iniciativas de este tipo en Ferrol y A Coruña, las otras dos ciudades donde gobiernan mareas.