La oposición apunta a Feijóo por la 'estafa' de las cajas

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El presidente autonómico asegura que pidió al Banco de España que investigase y dejase sin efecto las subidas de retribuciones y el blindaje de contratos de directivos de Novacaixagalicia, pero no obtuvo respuesta

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento

A Coruña, 17 de enero de 2017 (22:43 CET)

Con los exdirectivos de Novacaixagalicia en prisión por orden de un juez, la fusión y posterior venta de las cajas de ahorro gallegas dan el salto a la arena política. El próximo lunes se reabre la comisión de investigación en el Parlamento y los partidos están más dispuestos que nunca a llegar al fondo de la cuestión y depurar todas las responsabilidades que pueda haber en el proceso.

Tras la reunión de la junta de portavoces, los líderes de las formaciones con representación parlamentaria han valorado la decisión judicial con distintos matices. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón considera la sentencia "absolutamente benevolente e insuficiente". Cree la comisión "no se puede centrar solamente en las indemnizaciones", sino que tiene que abordar también el rescate "por parte de todos los gallegos" y la posterior venta "a un empresario venezolano prácticamente a coste cero", en una operación que considera "una estafa a toda la sociedad".

En este sentido, considera que los gallegos y gallegas deben pedir explicaciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "sobre si fue una buena decisión darles un tiempo extra a los exdirectivos –modificando una ley aprobada en el Parlamento que dictaba su cese– para que pudieran blindar las ilegales indemnizaciones, como así después lo hicieron".

Por encima de la ley

También ha valorado el hecho de que la justicia haya puesto en su sitio a los responsables de causar un daño patrimonial a los gallegos, una postura que comparte el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quien mostró tras la reunión su "preocupación" por el hecho de que se constate que "parte de las élites importantes" que dirigieron instituciones importantes para Galicia durante mucho tiempo lo hacían a través de "comportamientos sancionables desde el punto de vista penal". "Esto no es una buena noticia para Galicia", ha manifestado, antes de criticar que "sobre todo, tengan escasa capacidad de aprendizaje y se sientan por encima de la ley".

Leiceaga ve necesario que, tras la finalización del proceso judicial, "desde el plano político se cumpla terminando los trabajos iniciados" por la comisión de investigación en la pasada legislatura, que se debería enriquecer, a su juicio, con nuevas comparecencias que puedan "ofrecer luz" sobre aspectos nuevos del proceso de fusión y privatización de las cajas.

En esta misma línea se pronunció el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quien ha pedido que "se tome en serio" el trabajo de la comisión de investigación, lo que significa que "no se debe poner vetos ni a las personas que deben comparecer ni a los documentos que se tengan que presentar".

Feijóo se defiende

Haciendo valer el dicho de que el mejor ataque es una buena defensa, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que en la caja gallega se inyectó dinero público para reflotarla, "como en el resto de cajas", pero destacó que al menos en este caso el Estado ha recuperado mil millones tras subastarla "al mejor postor".

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes celebrada en Madrid, el presidente autonómico evitó opinar sobre la decisión de la Audiencia Nacional, señalando que su posición sobre las subidas salariales de los directivos en una caja que estaba ya intervenida "está en las hemerotecas".

No obstante, incidió en que, al estar intervenida, la tutela financiera de la comunidad autónoma estaba suspendida. "Si he podido hacer algo más, he reivindicado cómo era posible que tras el rescate de una caja una de las primeras decisiones fuera blindar salarios y contratos". Y es que, como desveló, hace cuatro años envió una carta al Banco de España reclamando que investigase y "dejase sin efecto" el aumento de las retribuciones y el blindaje de los contratos de los directivos de Novacaixagalicia, pero todavía hoy no ha obtenido respuesta.
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