La ‘Operación Zeta’ golpea a la Xunta y salpica a la patronal
Tres ex altos cargos de la Consellería de Traballo, así como un miembro del comité ejecutivo de la CEG, han sido imputados por supuestos delitos de tráfico de influencias los primeros y de estafa el segundo
El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha ampliado en 23 la lista de imputados en la Operación Zeta, que investiga una supuesta trama de fraude en subvenciones de cursos de formación para desempleados. Los nombres de los nuevos señalados por la justicia han caído como un jarro de agua fría en el Gobierno gallego. Aunque ya no forman parte de la Administración, figuran tres ex altos cargos de la Consellería de Traballo, así como dos cargos de Consumo, organismo dependiente de la Consellería de Economía.
Entre los nuevos imputados figura el ex director xeral de Traballo Odilo Martiñá, así como el antiguo jefe territorial de esta consellería en A Coruña y ex director del área de Servicios Provinciales de la Diputación, Luis Alberto Álvarez Freijido. El tercer acusado es el ex jefe de Servicio de Empleo de la Xunta Joaquín Vila Sampayo.
Martiñá, presente en el sumario
El nombre de Martiñá aparece en el sumario de la Operación Zeta. Figuraba en la supuesta contabilidad b de Azetanet, una de las empresas de Gerardo Crespo, el empresario coruñés considerado cabecilla de la trama de fraude en cursos de formación fantasmas. En la relación contable de la compañía de 2010 se recoge un apartado denominado Dinero Odilo, con fecha 27 de mayo de ese año, y que refleja una cantidad de 1.800 euros.
Martiñá dimitió de su cargo el pasado 25 de septiembre alegando “razones personales”, aunque apenas 24 horas más tarde prestada declaración en el juzgado coruñés que investiga la trama Zeta.
Los tres ex cargos de Traballo comparecerán en los juzgados, imputados por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho, el próximo 9 de abril.
Dos cargos de Consumo
Pero, no son los únicos imputados relacionados con la administración gallega. También figuran en la nueva lista de acusados los nombres de María Isabel Caramés, jefa de Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, y la directora de área de la Escuela de Consumo Esther Álvarez. Están imputadas de presunto tráfico de influencias y declararán el 14 de abril.
La Xunta asegura que a ambas funcionarias se les abrió un expediente para detectar si hubo irregularidades en su gestión tras las informaciones publicadas a raíz de esta operación.
Cañete, miembro de la CEG
Si bien para la Xunta de Galicia estas imputaciones son un auténtico mazazo, no es la única administración que ve como alguno de sus miembros es imputado en esta trama. La Operación Zeta también salpica a un cargo de la patronal gallega. Se trata de Héctor Cañete, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia. Desde el verano de 2013 ocupa un puesto en el comité ejecutivo de la CEG. De hecho fue el único cargo de libre designación realizado de forma personal por José Manuel Fernández Alvariño, presidente de los empresarios gallegos.
Se le imputa un presunto fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales y falsedad documental. Tendrá que declarar el 25 de febrero.
Parejas de imputados
La jueza también ha citado a declarar a la pareja de Gerardo Crespo, administradora de muchas de las sociedades a través de las que supuestamente se articuló el fraude en las subvenciones. También se reclama la declaración de la pareja del director de la Feria de Autónomos de Galicia, Luis Fraha Ameneiros, y de la mujer del presidente de Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño.
Entre los 23 nuevos imputados aparece también el abogado Sergio Diéguez Sabucedo o personas que habrían formado parte de asociaciones de discapacitados creadas por Crespo, según los investigadores, para obtener las subvenciones. Entre ellos, está un vendedor ambulante al que se le nombró vicepresidente de una de estas entidades.
