La nueva ‘macroley’ urbanística valenciana se aprobará en junio de 2012

Siete leyes urbanísticas diferentes que se contradicen, falta de transparencia en la tramitación de suelo, proyectos paralizados o en el juzgado, denuncias ante la Unión Europea… La situación del urbanismo valenciano en los últimos años ha forzado a la Generalitat a hacer borrón y cuenta nueva: las actuales siete leyes urbanísticas se refundirán en una sola macroley que, entre otras cuestiones, eliminará entre un 30 y un 60% del articulado legal para suprimir las contradicciones y la opacidad de las normas actuales. La hoja de ruta del nuevo texto prevé un proceso rápido que permita su tramitación en Cortes en junio de 2012.

La futura macroley, impulsada por la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, y bendecida por el presidente Alberto Fabra, será producto de la fusión de la polémica Ley Urbanística Valenciana (LUV) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), así como de los reglamentos del paisaje y de ordenación y gestión del territorio y del urbanismo, la Ley del Suelo No Urbanizable, la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica y la Ley del Suelo Estatal. A estos siete textos, cabe añadir la llamada Ley del Golf, un proyecto para construir 60 nuevos campos de golf en la Comunidad que la crisis y los terremotos internos del Consell se llevó por delante.

Del auge del ‘ladrillo’ al ‘crack’ urbanístico

Todo este maremágnum de normativas se desencadenó, paradójicamente, a raíz de desgajar los temas urbanísticos de la Conselleria de Infraestructuras y la posterior creación de una Conselleria de Territorio. El ex presidente valenciano, Francisco Camps, situó al frente de este nuevo departamento a personajes de tanto peso como Rafael Blasco, Esteban González Pons o Juan Cotino, con el objetivo de impulsar una nueva ley urbanística, que se concretó en la LUV, y confirmar el sector del ladrillo como el punto fuerte de la economía valenciana.

La apuesta de Camps, a la luz de los hechos, fue totalmente errónea. La nueva LUV, tocada de una “falta de transparencia” evidente y reconocida hasta por la propia consellera Bonig, fue el blanco de los propietarios de suelo y se encontró con numerosas denuncias en la Unión Europea. Los sucesivos escándalos urbanísticos (Catral, Porxinos, Astroc, el fracaso del Manhattan de Cullera…) se combinaron con visitas de eurodiputados y pronunciamientos de la UE denunciando el urbanismo salvaje y abusivo en la Comunidad Valenciana.

En paralelo, otros proyectos relacionados con la gestión del suelo, como la Ley del Golf, se vieron vapuleados por la crisis económica. Igualmente, los problemas para gestionar las zonas protegidas, como L’Horta de Valencia, provocaron que se fueran sumando nuevos textos legales: líneas que, lejos de ordenar el territorio, provocaban cada vez más caos. Ni tan sólo la llegada de González Pons, con su sorna habitual y su metáfora del “urbanismo sandía” (“verde por fuera y rojo, como el corazón, por dentro”, dijo), pudo resolver la cuestión.

“Interpretaciones erróneas”

La Generalitat, una vez relativamente calmado el huracán ‘Gürtel’, ha decidido recular e intentar solucionar el actual laberinto legal. La gestión del Urbanismo vuelve a depender de la Conselleria de Infraestructuras y su titular ya ha reconocido en público que “hay muchos instrumentos normativos y eso ha generado interpretaciones erróneas o confusión”. Para ella, “sin reglas claras y una administración ágil es imposible generar riqueza y más en este momento”. Por lo tanto propone una reforma legal para eliminar las contradicciones y la inseguridad jurídica.

La hoja de ruta incluye una negociación exprés entre los cuatro partidos que tienen representación en las Cortes (PP, PSPV, Compromís y EU) y la tramitación de la norma en junio de 2012. Uno de los puntos clave a estudiar es la supresión del artículo que permite a la iniciativa privada presentar una propuesta de ordenamiento urbanístico y llevarla a cabo aunque no fuera propietaria del terreno. En principio, la nueva norma podría dejar esta cuestión exclusivamente en manos de los ayuntamientos, con lo que se estima que se superarían los recelos y críticas de la UE.

Defensa ‘a la valenciana’

En paralelo a la nueva ley urbanística, el Gobierno valenciano ha elaborado un Decálogo de Pactos que incluye también una negociación con las fuerzas de la oposición para consensuar una postura única en diversas infraestructuras estratégicas para la Comunidad Valenciana. Así, el Consell pretende una defensa común de la llegada del AVE a Alicante antes de verano de 2012, la llegada de la alta velocidad a Castellón en 2014 y la ejecución inmediata del tramo entre Valencia y la capital de la Plana.

Obviamente, el acuerdo incluiría también la defensa del Corredor Mediterráneo, así como de los accesos a los puertos de Sagunt y Castellón, el acceso norte al puerto de Valencia y la reforma de líneas ferroviarias de cercanías, como el anhelado tren Gandia-Dénia.