La ley contra los desahucios pisa el acelerador

PP y PSOE aprueban tramitar la iniciativa con carácter de urgencia

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Un día después de que el Congreso de los Diputados aprobará iniciar el trámite de la iniciativa legislativa popular (ILP) contra los desahucios, la propuesta ha pisado el acelerador. El ahora proyecto de ley pretende impulsar la dación en pago, un parque de viviendas públicas así como paralizar los desalojos. Un problema que solo en el último año ha crecido un 134%, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este miércoles, los portavoces de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE, Alfonso Alonso y Soraya Rodríguez, respectivamente, han acordado tramitar con urgencia la iniciativa en la Comisión de Economía. En concreto, los procesos habituales pueden prolongarse aproximadamente tres meses, pero con esta vía alternativa, el tiempo de debate se reduce a la mitad.

Según ha confirmado Alonso, la intención del partido del Gobierno es que la ley antidesahucios se pueda enviar al Senado en marzo. Antes PP y PSOE tendrán que haber remitido un escrito a la Mesa de la Cámara baja para que se tramite el proyecto de ley.

Fusionar propuestas

Las posibilidades que se han planteado pasan por fusionar el texto de la iniciativa con el del proyecto de ley y, posteriormente, abrir un nuevo pero «breve» periodo para presentar enmiendas parciales; o realizar todo el procedimiento por separado y, al final, conjugar ambos textos.

Fuentes del Congreso no confirman el momento exacto en el que empezaría el proceso para discutir el texto presentado. Será la Mesa del Congreso la que establezca el calendario. Cada martes se reúnen para tratar los trámites pendientes, por lo que en menos de una semana se podría establecer la fecha de inicio del debate.

Reacción sindical

CCOO y UGT de Catalunya, los dos sindicatos que han promovido el texto junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han celebrado la decisión ya que aseguran que se trata de un drama social que requiere de una solución urgente.

La misma semana en la que se debatía admitir a trámite la iniciativa, tres personas han perdido la vida por este tema. El martes un matrimonio de Mallorca se suicidó. Y este miércoles se conocía un nuevo caso, el de un hombre de 55 años que se ha ahorcado en su vivienda de Alicante el día que iba a ser desahuciado.

¿Cuestión de imagen?

El PP se oponía a la modificación de la ley hipotecaria al defender que la dación universal retroactiva no era la solución para las familias. Pero finalmente votó a favor, aunque este cambio de opinión no asegura la aprobación del texto.

El responsable de vivienda de CCOO de Catalunya, Xavier Becerra, asegura que la batalla ahora está en ver la diferencia entre el texto presentado y la ley que finalmente se apruebe en el Congreso.

Apoyo ciudadano

Considera que el hecho de abrir el proceso de negociación del proyecto de ley ha sido un paso importante, pero todavía se tiene que ver si se aprueban o no todos los puntos planteados en la ILP. Una iniciativa que ha conseguido el apoyo de más de 1,4 millones de ciudadanos que han firmado a favor.

Fuentes de UGT celebran que el trámite no siga el procedimiento habitual y que se entienda la urgencia del momento. Pero aseveran que no se van a conformar con parches ya que reclaman un cambio real en la relación entre el cliente y el banco en esta materia.

Las dudas de Duran

Pero las dudas no sólo provienen de los sindicatos. Este miércoles el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, consideraba que es “inviable” la retroactividad de la dación en pago.

En su blog personal, justifica que la medida tendría consecuencias ilimitadas para el sistema financiero. Asegura que rechazar la ILP habría sido “imperdonable”, pero remarca que no comparte todo lo que se propone en el texto. Duran cree que hace falta una ley de endeudamiento responsable. Así como acabar con las cláusulas e intereses “abusivos” de los bancos.

Contexto real

Con todo, se inicia el proceso de debate antes de los previsto para buscar solución a una alarma social que afecta al 3,4% de la población, según los datos del último trimestre de de 2012 respecto a los impagos de hipotecas. Respecto al mismo periodo de 2011, supone un incremento en ocho décimas.

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