La Justicia gallega se prepara ante el “aluvión” de demandas por las preferentes

La Administración judicial gallega se reforzará ante el “aluvión” de demandas que se prevé por parte de afectados por participaciones preferentes y subordinadas a partir de septiembre. En esa fecha estará operativo un plan cerrado por la Xunta, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Lo ha explicado el vocal para Galicia del CGPJ, Manuel Almenar, en una comparecencia con el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras reunirse la Comisión Mixta. Rueda y Almenar han coincidido en rechazar la decisión de Novagalicia de cerrar el proceso de arbitraje, aunque han avanzado que los juzgados gallegos garantizarán «el derecho a tutela efectiva» de los afectados con un plan que será «espejo» para el resto de España.

Miles de reclamaciones

Este plan se perfilará en julio con la vista puesta en septiembre, cuando se esperan «miles» de reclamaciones. De momento, Almenar ha concretado que Vigo y A Coruña registran «una media de entre 160 y 170 demandas», una cuantía que es inferior en el resto de ciudades, de forma que, si bien hay casos llamativos como el de Cambados –con cuatro juzgados y unas cien demandas presentadas– la situación no exige un refuerzo inmediato.

Entre las medidas que ha destacado el vocal del CGPJ, ha aludido a la creación de servicios comunes de apoyo para «centralizar la tramitación de procedimientos» en función del partido judicial. Inicialmente se crearán en Vigo y A Coruña, donde residían las sedes de las extintas Caixanova y Caixa Galicia y donde más se han comercializado este tipo de productos, aunque también se dará este paso en el resto de partidos judiciales que sea «preciso».

Refuerzo

Dichos servicios se configurarán con «uno o dos gestores, dos o tres tramitadores y un funcionario del cuerpo de auxilio», aunque las autoridades judiciales están dispuestas a reforzar «servicios» donde sea preciso. Al frente estará un secretario judicial y «cuando se considere preciso» por el volumen de demandas, este servicio será la base sobre la que se habilitará «un juzgado bis» con un secretario y un juez al frente.

Además del ámbito organizativo, el plan incluye otras medidas de carácter tecnológico y procesal. El objetivo es garantizar una respuesta «ágil» y evitar «un colapso» frente a la «avalancha» de demandas que se prevé tras el verano. A modo de ejemplo, el vocal del CGPJ ha asegurado tener constancia de un procurador de Vigo que prepara «800 demandas» para «una sola vez».

Jueces “sensibilizados”

Tras agradecer a los jueces que estén «sensibilizados» y el respaldo de la Xunta, ha detallado que los nuevos servicios comunes partirán de los que ya figuran en los decanatos como servicios de apoyo porque se considera que es la solución «más rápida» y «más flexible». Ha insistido en que, inicialmente se activarán en Vigo y A Coruña, donde se esperan más demandas, pero el refuerzo «se hará donde sea necesario».

A día de hoy, cada junta de jueces ha buscado una fórmula distinta para afrontar las demandas por preferentes, de forma que en algunas se turnan entre los distintos magistrados, pero todos «saben del asunto», mientras que en otros casos, como el de Lugo, se han dotado de un juzgado especializado. Por ello, los refuerzos variarán en función «de las circunstancias».

Solución previa a la sentencia

En el apartado procesal, se buscarán nuevas fórmulas para la designación de procuradores, evitando siempre que sea posible el desplazamiento físico de los afectados.

Otra de las novedades del plan es que se fomentará que las partes acompañen toda la prueba documental con el escrito de demanda o con el de contestación, en particular todo lo que se refiere a los ejemplares de los contratos, a las comunicaciones entre las partes o al perfil, si es que lo hubiera, que realizase el banco sobre el contratante de este tipo de productos.

El objetivo último es que el juez en la audiencia previa disponga de toda la prueba documental y pueda proponer a las partes una solución al conflicto que «evite la práctica de prueba, llegar a sentencia y eventuales recursos», con lo que se lograría cerrar el pleito con mayor rapidez.

Almenar ha avanzado, asimismo, que los presidentes de las Audiencias Provinciales estarán facultados para convocar plenos y abocar a los mismos cualquier asunto que llegue a través de los recursos de apelación. Dicho asunto se entenderá, así, no sólo conocido por la sección, sino por el conjunto de la Audiencia y ésta fijará un criterio que sea de aplicación en todos los juzgados.