La Fiscalía sostiene que los siete ediles de Santiago “sabían que era un caso de corrupción”

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Mantiene su petición de nueve años de inhabilitación especial para cargo público por autorizar e pago de la defensa de otro edil imputado en la 'Pokémon'

Los siete ediles de Santiago imputados | EFE

19 de mayo de 2014 (20:20 CET)

La Fiscalía mantiene su petición de nueve años de inhabilitación especial para cargo público para los siete concejales del Ayuntamiento de Santiago que, reunidos en junta local el 30 de mayo de 2013, autorizaron el pago de la defensa a otro edil, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokémon.

El abogado de los acusados, Pablo Rodríguez-Mourullo, ha defendido la absolución para los procesados y ha rechazado que pueda haber un delito de prevaricación, puesto que existe, a su entender, “diferentes interpretaciones sobre el acuerdo adoptado” que imposibilitan que se haya incurrido en ese delito.

Seis horas de vista

Las conclusiones de ambas partes llegaron después de alrededor de seis horas de vista en las que el alcalde compostelano, Ángel Currás, acompañó a los siete ediles acusados –Amelia González, María Castelao, María Pardo, Luis Bello, Francisco Noya, Juan de la Fuente y Cecilia Sierra--. Entre el público también se encontraba el ex regidor Gerardo Conde Roa, que presidió la corporación municipal del presente mandato hasta que dimitió por un delito de fraude fiscal.

En el acto conclusivo, la fiscala, Aranzazu San José, ha argumentado su petición de inhabilitación en base a que estos concejales, ha dicho, "no defienden bien" el "interés público". Al respecto, ha ejemplificado con este acuerdo, el cual, ha manifestado, "no es legal". "Sabían que era un caso de corrupción", dijo.

"¿Tienen que destinarse fondos públicos a defender a los corruptos sin ningún condicionante?", se ha preguntado, para indicar, a renglón seguido, que pese a que el informe del secretario municipal recogía "condicionantes" por los cuales no se podría abonar la defensa, los concejales "aceptaron tal y como venía" la propuesta de Adrián Varela.

Prevaricación

Así las cosas, y tras observar que no se "veló por el interés público", ha señalado que se adoptó un "acuerdo ilegal, a sabiendas, patente, flagrante y clamoroso", por lo que, ha alegado, "cumple todos los requisitos de prevaricación".

Por parte de la defensa de los acusados, que renunciaron al derecho que les otorga la ley a tener la última palabra en la vista, ha remarcado --en base a un auto judicial reciente-- que "las múltiples interpretaciones" que se pueden dar de la lectura del acuerdo, descarta que la acción "pudiera ser prevaricadora".

El abogado defensor ha remarcado que "queda claro" que la "voluntad" de los concejales era someter ese acuerdo a las condiciones que marca la ley para que se haga el pertinente abono de la indemnización por la defensa. Además, ha recordado que la redacción del acuerdo correspondió a otra persona, una técnico ---llamada a declarar como testigo de la defensa y que no acudió ni en ésta ni en otra ocasión, aunque finalmente se ha renunciado a su presencia--.
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