La fiscalía contragolpea: acusa a Puigdemont de prevaricación

La fiscalía responde nuevamente con celeridad. El ministerio público ha presentado dos querellas a propósito del referéndum del 1-O. Una está dirigida contra los miembros de la Mesa del Parlament y la otra contra el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de consejeros de la Generalitat.

A todos ellos se les acusa de un delito continuado de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por aprobar el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre.

Las querellas, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), incluyen la petición de fianzas a los miembros del Govern para cubrir una eventual condena por el gasto de fondos públicos en la consulta ilegal, aunque no se cuantifica el importe.

Entre el resto de medidas cautelares, el ministerio público exige el cierre de las páginas web vinculadas al referéndum y, además, que se aperciba a todos los medios de comunicación de Cataluña de que no pueden «insertar publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum».

El contenido de las querellas se ha conocido poco después de que la fiscalía haya ordenado a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que intervengan “ante cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores” destinada a la organización de la votación secesionista.