La Fiscalía cifra la responsabilidad civil por el Prestige en casi 4.500 millones

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El juicio comenzó diez años después de la tragedia y con peticiones de suspensión

Mangouras, Argyropoulos y Lopez Sors, en el juicio del Prestige

16 de octubre de 2012 (22:16 CET)

Diez años después de la catástrofe que tiñó de negro las costas gallegas, en el recinto ferial de Expocoruña, en la ciudad herculina, se ha celebrado la primera sesión de la vista oral sobre el hundimiento del petrolero Prestige. La Fiscalía ha cifrado el importe definitivo de la responsabilidad civil en 4.442 millones de euros.

Según ha indicado, la Fiscalía se basa en una pericia sobre las consecuencias y valoración de daño ecológico del Prestige realizado en 2007 por la Universidad de Santiago de Compostela. Este informe, que fue aportado en el transcurso de la vista oral, considera que la tragedia marítima y ecológica tuvo un coste de 4.328,13 millones de euros solo para España. De este importe, a la comunidad gallega le corresponden 2.433 millones de euros.

La cifra final queda marcada en 4.442 millones debido al resto de reclamaciones a título personal y de diferentes entidades y administraciones.

Esta ha sido la principal novedad de esta primera jornada de juicio, que sentó en el banquillo de los acusados a quien fue el capital del buque siniestrado, Apostolos Mangouras; a su jefe de máquinas, Nikoleos Argyropoulos, y al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.

Penas de cárcel

Los acusados se enfrentan a penas que oscilan desde los cuatro a los 12 años de cárcel. Este es el máximo quel a Fiscalía reclama para el capitán del Prestige, mientras que la agrupación formada por 70 cofradías de pescadores de Galicia, Asturias y Cantabria pide 9 años para los tres miembros de la tripulación. La plataforma Nunca Máis solicita 5 años para el capital y el exdirector general de la Marina Mercante.

Pero además, el juicio tratará de determinar la responsabilidad civil de la aseguradora del navío, London Steam-Ship, el Fondo Internacional de Daños por la Contaminación de Hidrocarburos (Fidec), la subsidiaria de la naviera, Mare Shipping, y el propio Gobierno español.

La sombra de la suspensión

En el multitudinario juicio, la Fiscalía no ha sido la única que ha presentado informes. La propietaria y naviera del buque, Mare Shipping, ha pedido que se acepten los testimonios de testigos e informes que, según esta parte, confirman “la negativa de la Administración española a darle refugio al barco”. Un testimonio, de aceptarse, que iría en contra de las declaraciones de López Sors.

De hecho, la defensa de estre, ya ha indicado que pedirá la suspensión del juicio si la sala acepta el informe de Mare Shipping. La abogada de Sors sostiene que las decisiones que se adoptaron de alejar el buque de la costa, fueron “fundadas, con asesoramiento y apoyo de equipos profesionales, tanto de la administración como ajenos a ellos”.

La sombra de la suspensión del juicio ha rondado durante toda vista. No solo por la parte de la defensa de López Sors. El abogado de Mangouras han indicado en varios momentos que se estaban vulnerando “los derechos fundamentales” de su cliente, y puso en duda que España pudiese garantizarle “un juicio justo”.

De hecho, calificó de “beligerante” la postura del Estado español con su defendido y remarcó que algunos miembros del Gobierno de la época, entonces del PP, tildaron de “pirata” a Mangouras.

La primera jornada de este macrojuicio con más de 400 periodistas acreditados, acabó ayer. El abogado de una de las partes indicaba: “Siempre pasa igual. Interesará unos días y luego la gente se olvidará”.
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