La Fegamp mediará entre los ayuntamientos y las eléctricas

Muchos municipios gallegos sospechan que “pagan de más”

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La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) está dispuesta a dar batalla a las eléctricas. Un tercio de los ayuntamientos gallegos ha respondido con quejas sobre los pagos y la facturación a una petición del organismo dirigido por el alcalde de Ferrol para que les remitiesen los problemas que tienen en ese ámbito. Los municipios sospechan que “pagan de más”, por lo que la Fegamp ha iniciado un proceso de mediación con estas compañías.

El vicepresidente ejecutivo de la Fegamp, Alfonso Villares, explicó en rueda de prensa que los ayuntamientos han centrado sus críticas en una facturación que consideran “desproporcionada”. La acumulación de varios meses en una factura o el retraso a la hora de pasarlas son algunas de las críticas más comunes.

Sin contadores en el rural

Algunos municipios denuncian que están incumpliendo la ley de morosidad debido a que las eléctricas le han pasado facturas con demoras de más de un año.

Como ya avanzó Economía Digital, muchos municipios del rural denuncian que no poseen contadores y que la facturación de edificios públicos se hace por estimación. También existen “problemas” con el impuesto del 1,5% que estas empresas deben abonar a los ayuntamientos ya que la liquidación también se hace con estimaciones que la administración local considera “arbitraria”.

Contactos

A la vista de la situación, que es «generalizada», la Fegamp ha iniciado una campaña de mediación con las empresas suministradoras de electricidad –fundamentalmente cuatro: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y E.On–, con las que se ha puesto en contacto. Por el momento, ha indicado Villares, solo una de ellas, E.On, ha contestado y ha recibido las quejas relacionadas con su servicio.

De no obtener respuesta del resto, la Fegamp ha avisado que recurrirá a la vía judicial. No obstante, insisten en el que el primer paso será agotar la vía de la mediación.

Vía judicial

La Fegamp pretende también fomentar que los ayuntamientos presenten reclamaciones por escrito cuando surjan problemas y, recurrir a la vía judicial, si las compañías cotinúan sin responder a sus quejas.

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