La Diputación de A Coruña se defiende atacando a las constructoras

El ente provincial se defiende de las críticas de los agentes sociales a las pujas y asegura que las reserva para obras de “menor complejidad técnica”

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La Diputación de A Coruña sale al paso de las críticas del sector de la construcción. Lo hace después de que la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT) criticasen al ente provincial por adjudicar el 90% de sus obras mediante pujas en las que solo se atiende a un criterio: el precio.

“Se utiliza en la contratación de las obras con una menor complejidad técnica”, como en un “importante número de obras en carreteras provinciales”, aclara la Diputación. El objetivo es esquivar unos criterios de complejidad técnica que, a su juicio, “dilatarían sus plazos de ejecución”. Para ello -aseguran- activan un filtro para dejar al margen de estos procesos las “ofertas económicas anormalmente bajas”.

A vueltas con la calidad del empleo

La patronal de la construcción coruñesa -presidida por Diego Vázquez Reino– y los dos sindicatos arremetían contra la Diputación al entender que mediante este sistema se fomentaba la presentación de ofertas a unos precios cada vez más reducidos que “precarizaban el empleo” y ponían en jaque la viabilidad de estas empresas.

Sin embargo, la Diputación resta importancia a esta situación y argumenta que los fondos ahorrados en estas obras son “reinvertidos en otros proyectos” y que, además, en estos contratos figuran “cláusulas sociales” con las que se impulsa precisamente a aquellas empresas que cuenten con un mayor número de trabajadores indefinidos, que contraten a mujeres en situación de desempleo o que desarrollen planes de igualdad.

Expira el plazo para presentar quejas

El cruce de reproches entre la Diputación y los constructores coruñeses se produce apenas unos días después de que se cerrase el plazo para presentar alegaciones a los pliegos de contratación del ente provincial.

Tras permanecer abierto desde el pasado 1 de febrero, el período para que empresas, concellos y asociaciones presentasen sugerencias expiró el día 15 “sin que se recibiera ninguna alegación”.

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