La desesperación lleva a los partidos a rechazar el perdón de los bancos

Las formaciones políticas buscan cómo recuperar la credibilidad y acuerdan un paquete de medidas en las que renuncian a los actuales privilegios

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Era una gran virtud del sistema en la transición que se ha transformado en un enorme lastre. El peso de los partidos políticos, la fuerza que han cobrado durante más de 30 años, les ha llevado a una situación de gran debilidad ante la sociedad española, que ha dejado de confiar en las formaciones políticas.

El PP lo sabe y busca cómo darle la vuelta, con acuerdos con el resto de partidos. Y ya se ha alcanzado un primer pacto entre todos los portavoces de los grupos parlamentarios para renunciar a los actuales privilegios. Entre ellos, el perdón de los créditos bancarios que, cada cierto tiempo, han ido obteniendo por parte de las entidades financieras.

Fin de las condonaciones de deuda a los partidos

Todos los portavoces de los partidos ultiman un acuerdo, según publicó el diario El País, que camina en una dirección muy concreta, la de restringir el crédito de los bancos. Es decir, se prohibirá que las entidades puedan condonar las deudas que se puedan contraer, un hecho que ha sido una tónica habitual en toda la democracia, y que ha afectado a la práctica totalidad de los partidos.

En esa misma línea, se reducirá a la mitad las cantidades de las donaciones privadas que se puedan recibir los partidos: de 100.000 euros a 50.000 euros al año. Otra de las ideas en las que hay acuerdo es que las empresas no podrán hacer donaciones a las fuerzas políticas. Los grupos parlamentarios buscan cómo concretar todas estas medidas, siguiendo lo anunciado por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, el pasado 27 de noviembre.

Un paso atrás respecto a los proyectos de los años 90

Todo esto supone un paso atrás. Los partidos políticos quisieron promover, a inicios de los años 90, un registro de grupos de presión, amparándose en la experiencia de los países anglosajones. Fue el diputado del CDS, Rafael Martínez Campillo, quien impulsó la medida, y el Congreso la acabó aprobando, aunque con enmiendas del PSOE.

La iniciativa pasaba por la creación de un registro de las empresas y particulares que aportaran recursos a los partidos, ofreciendo una total transparencia.

Eso ocurrió en febrero de 1993, cuando ya se detectaba el gran problema de la financiación de los partidos políticos. La legislatura no llegó a su fin, con las elecciones anticipadas en 1996, y la medida ya no se retomó en la legislatura que presidió José María Aznar. Ahora, 20 años después, lo que proponen los partidos es que no se puedan hacer aportaciones.

Donaciones sólo por parte de los afiliados

Las donaciones a partidos sólo las podrán realizar los afiliados, al desaparecer en la legislación la figura de los militantes y simpatizantes, al entender que, bajo ese amparo, se pudieran ocasionar donaciones encubiertas.

Esas aportaciones deberán ser, además, nominales y se publicarán a partir de los 10.000 euros. La otra gran aportación es que la financiación ilegal de los partidos entrará en el Código penal, una petición de expertos y del mundo judicial, porque sin ello esa circunstancia quedaba impune. En paralelo, los grupos parlamentarios cerrarán el acuerdo para que el trasvase de dinero de las fundaciones a los partidos sea vetado, cerrando el paso a otra de las fórmulas detectadas de financiación irregular.

Medidas, por tanto, para tratar de atajar el enorme descrédito que han generado los partidos políticos, desde el inicio de la crisis.

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