La depuradora que pagaban los vecinos de Ferrol se deterioró "por falta de uso"

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Un informe de la Confederación Hidrográfica aconseja reparar y poner en marcha la EDAR, por cuyo servicio los ciudadanos abonaron 800.000 euros en tasas

Jorge Suárez, alcalde de Ferrol, en las instalaciones de Cabo Prioriño

en A Coruña, 01 de octubre de 2015 (03:39 CET)

El diputado del Partido Popular, Miguel Tellado, calificó este miércoles en el Parlamento de Galicia de "fraude" las denuncias del Concello de Ferrol por la EDAR de Cabo Prioriño. Sostiene el Gobierno municipal, conformado por Ferrol en Común y PSdeG, que la depuradora, por la que los ciudadanos abonaron 800.000 euros en tasas, no llegó a funcionar completamente, hasta el punto de que han suspendido el impuesto y planean derogarlo. Tellado interpretó el envite como una "falsedad", reconoció "desperfectos" y acusó a la nueva corporación de "desprestigiar" unas instalaciones que inauguró su compañero de partido y ex regidor, José Manuel Rey Varela.

Más allá de la lucha de partidos, otros organismos han constatado el no funcionamiento de la EDAR. Es el caso de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil --heredera de la Confederación Hidrográfica del Norte--, que en un escueto informe encargado a una consultora privada, concluye que el deterioro de la depuradora se debe a la "falta de uso" y aconseja, en el mismo documento, solucionar los desperfectos y ponerla en marcha para aseguar su correcto funcionamiento. Los daños a reparar fueron cifrados por Urbaser, el socio privado que gestiona la instalación como integrante de la empresa pública Emafesa, en 550.000 euros.

Guerra de informes

Dicho informe, de carácter técnico, avala las denuncias del Concello, que también habría reconocido Urbaser. La filial de ACS, el grupo de Florentino Pérez, según sostuvo en su momento el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, admitió en el consejo de administración de Emafesa la incapacidad del complejo para las labores de depuración. Alegó, además, siempre en palabras del regidor, que el caudal era insuficiente para el correcto funcionamiento del complejo.

Augas de Galicia, el organismo dependiente de la Xunta, también tiene su informe, con la misma vocación técnica y otra consultora privada en la elaboración de por medio. En el documento defiende que el caudal no es impedimento para que la EDAR se ponga en marcha. La postura de Augas de Galicia ha sido instar al Gobierno municipal para adecuar el complejo y optimizar una planta de altas capacidades.

¿Quién paga la cuenta?

En el fondo del asunto está quién paga la cuenta. Si los daños causados en el complejo se deben a la falta de uso, pese a que se cobraba una tasa por el servicio, la responsabilidad recaería sobre la empresa pública Emafesa, principalmente sobre Urbaser, pero con implicaciones para el Concello, que controla el 51% de la sociedad.

Si los daños vienen de la propia construcción, serían la Confederación Miño-Sil, que recepcionó la obra, y la constructora Acciona, que se embolsó un contrato presupuestado en 37 millones, quienes tendrían que verse las caras. El emisario submarino de Cabo Prioriño fue encargado a Dragados-Drace, otras firmas de Florentino Pérez, con un presupuesto de 18 millones; mientras que el emisario terrestre A Malata-EDAR, que tenía un presupuesto cercano a los 40 millones, también recayó sobre Acciona.

Augas de Galicia, por su parte, se comprometió a "asumir los gastos que se deriven de la realización, en su caso, de las obras de conservación y mantenimiento necesarias" en el convenio de mayo de 2014 con la Confederación Hidrográfica Miño Sil por el que asumió la gestión, aunque posteriormente firmaría otro similar para ceder la misma al Concello de Ferrol, que adquirió también compromisos de mantenimiento y reparaciones.

¿Depura o no depura?

Nunca lo hizo a pleno rendimiento y de ahí el enfrentamiento político. El PP insta al Concello a que adecúe la obra y la ponga en funcionamiento considerando que hay desperfectos menores. El Gobierno municipal cree que ha sido una estafa a los ciudadanos que han pagado por un servicio inexistente y ha encargado una auditoría externa para llevar el asunto a la Fiscalía. 

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