La Defensora del Pueblo regaña a la Xunta por los riesgos ambientales de la mina abandonada de Touro

Soledad Becerril también advierte retrasos en la evaluación de explotaciones de pizarra en Valdearros que pueden contaminar el agua

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El colectivo Salvemos Cabana la definió como «el peor ejemplo de la minería sostenible en Galicia». La mina abandonada de Touro (A Coruña), un proyecto metalífero de cobre y oro, sigue dando problemas al sistema hídrico de la zona. El informe correspondiente al ejercicio 2014 de la Defensora del Pueblo da buena cuenta de ello. Soledad Becerril reprende a la Xunta por indicar que la situación de la mina es correcta.

Según indica, «dispone de material fotográfico que muestra las condiciones reales de la zona. Se ha solicitado más información, que aclare las medidas previstas para evitar la contaminación de las aguas por escorrentía así como los vertidos o depósitos irregulares y así mejorar la seguridad en la mina a través de nuevos vallados, canalizaciones o sistemas de depuración».

Precisamente, Salvemos Cabana denunció en los meses de marzo y junio del año pasado el daño que estaba causando la mina abandonada en el sistema hídrico, «en un claro incumplimiento de la legislación nacional e internacional», apostillaba la plataforma.

Retrasos de cuatro años en Valdeorras

Se extiende todavía más la Defensora del Pueblo respecto a las minas de pizarra de Valdeorras. Explica que de lo informado por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, «se aprecia retraso, a veces de más de cuatro años, en la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de restauración de los daños y perjuicios producidos al dominio público hidráulico en la zona explotada».

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras «no conoce con precisión» el estado de las explotaciones mineras en el municipio de Carballeda de Valdeorras (Ourense).

«La ley no considera evaluación ambiental sólo a la que tiene lugar en el procedimiento reglado de evaluación de proyectos; no la denomina trámite ambiental, pues es bastante más que un trámite; y de la ley se deduce qué sentido tiene evaluar ambientalmente un proyecto ya ejecutado», insiste la Defensora del Pueblo.

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