La Audiencia Nacional pide datos a la Xunta sobre subvenciones a Ausbanc
El juez amplía a los departamentos de Sanidad y Consumo y de Hacienda de varias comunidades la reclamación de información en el marco de la investigación de la trama de extorsión y amenazas de la entidad y Manos Limpias
La investigación de la trama de extorsión y amenazas que presuntamente dirigía Manos Limpias junto a Ausbanc, ha llevado al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal –que sustituye a Santiago Pedraz, de vacaciones– a extender la petición de información sobre las subvenciones y convenios otorgadas a Ausbac a los departamentos de Sanidad y Consumo y de Hacienda de Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía.
El magistrado acepta así la solicitud de la acusación popular, ya que estima «útil y pertinente» requerir esta documentación a estas administraciones para «ampliar» la investigación. En este caso, autoriza a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a que recabe «cualquier información y documentación complementaria» que considere necesaria para la investigación.
Asimismo, pide, al igual que hizo Pedraz, que los gobiernos balear, gallego, valenciano y andaluz y los consistorios sevillano y salmantino entreguen a la unidad de investigación toda la información relativa desde el año 2004 hasta la actualidad de las ayudas concedidas, incluyendo las convocatorias de las mismas, a Ausbanc Consumo y Ausbanc Empresas.
Vinculación al PP
La providencia de junio se hizo después de que varios testigos, como el exdirector de Comunicación de Caja Madrid Juan Astoriqui, apuntaran las buenas relaciones que Pineda mantenía con miembros del PP. En este sentido, Pedraz investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas «cuanto menos intimidatorias» contra las entidades financieras para que le pagasen «cuantiosas» aportaciones económicas –encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas– a cambio de no dirigir contra ellas «campañas de desprestigio» o acciones judiciales.
Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran «meros convidados de piedra» y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una «asociación de consumidores potente y poder acceder» a las ayudas públicas.
Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los ‘ERE’ y Facua. Pedraz considera a Pineda responsable de delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.
