La Abogacía del Estado pide más de 60 años de prisión para Bárcenas

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FONDOS NO DECLARADOS A HACIENDA

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Barcelona, 21 de enero de 2015 (13:37 CET)

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha sido mucho más severa que la Fiscalía y ha pedido 60 años y ocho meses para el ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas por tentativa de estafa procesal y 17 delitos fiscales. El ex gerente dejó de ingresar una cuota tributaria de 11,2 millones de euros entre 2000 y 2009.

Los servicios jurídicos, que acusan a 20 personas por los delitos contra la Hacienda Pública y otros conexos --como falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa--, señala que durante el periodo en que ocupó el cargo de gerente del PP, se podría haber apoderado de recursos aprovechando la estructura opaca ante Hacienda.

Bárcenas y el resto de acusados

La Abogacía del Estado dirige su acusación contra cuatro autores de los delitos fiscales: Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, para la que pide cuatro años y dos meses de cárcel; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, para el que reclama 11 años y medio; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, para el que solicita otros 20 años.

Además, considera cooperadores necesarios de estos delitos a otras 16 personas, entre las que se encuentran los presuntos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; la esposa de López Viejo, Teresa Gabarra; y el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez.

Completan la lista de acusados por la Abogacía del Estado el contable de la red, José Luis Izquierdo; Isabel Jordán, Alicia Mínguez, Javier Nombela, Luis de Miguel, Antonio Villaverde, Jacobo Ortega y Jacobo Gordon.

La 'caja B' del PP


Pero la Abogacía, que representa a Hacienda, no sólo señala a Bárcenas, sino que da por acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el Partido Popular. Una caja B de la que no aparecían asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados al Ministerio Público.
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