La Abogacía del Estado pide más de 60 años de prisión para Bárcenas
Los servicios jurídicos que representan a Hacienda dan por acreditada la 'caja B' del PP
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha sido mucho más severa que la Fiscalía y ha pedido 60 años y ocho meses para el ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas por tentativa de estafa procesal y 17 delitos fiscales. El ex gerente dejó de ingresar una cuota tributaria de 11,2 millones de euros entre 2000 y 2009.
Los servicios jurídicos, que acusan a 20 personas por los delitos contra la Hacienda Pública y otros conexos –como falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa–, señala que durante el periodo en que ocupó el cargo de gerente del PP, se podría haber apoderado de recursos aprovechando la estructura opaca ante Hacienda.
Bárcenas y el resto de acusados
La Abogacía del Estado dirige su acusación contra cuatro autores de los delitos fiscales: Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, para la que pide cuatro años y dos meses de cárcel; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, para el que reclama 11 años y medio; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, para el que solicita otros 20 años.
Además, considera cooperadores necesarios de estos delitos a otras 16 personas, entre las que se encuentran los presuntos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; la esposa de López Viejo, Teresa Gabarra; y el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez.
Completan la lista de acusados por la Abogacía del Estado el contable de la red, José Luis Izquierdo; Isabel Jordán, Alicia Mínguez, Javier Nombela, Luis de Miguel, Antonio Villaverde, Jacobo Ortega y Jacobo Gordon.
La ‘caja B’ del PP
Pero la Abogacía, que representa a Hacienda, no sólo señala a Bárcenas, sino que da por acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el Partido Popular. Una caja B de la que no aparecían asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados al Ministerio Público.
