El ex alcalde de O Porriño, el popular Nelson Santos (dcha.), a su llegada a los juzgados de Pontevedra | EFE

Abren juicio oral contra el exalcalde de O Porriño por prevaricación

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El exalcalde de O Porriño y un edil se sentarán en el banquillo por un supuesto delito continuado de prevaricación por la adjudicar contratos irregularmente

Economía Digital Galicia

El ex alcalde de O Porriño, el popular Nelson Santos (dcha.), a su llegada a los juzgados de Pontevedra | EFE

A Coruña, 08 de mayo de 2017 (17:41 CET)

Más de un millón de euros, concretamente 1,6 millones es la cuantía de las facturas que emitieron las empresas que prestaron servicios de limpieza, recogida de residuos, actividades deportivas y de ocio, servicios eléctricos o labores de saneamiento al Concello de O Porriño, cuyos contratos se adjudicaron, supuestamente, de forma directa, sin licitación y sin seguir los procesos administrativos correspondientes.

A la vista de estos hechos, la jueza de Instrucción número 3 de la localidad pontevedresa ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde de esta localidad, Nelson Santos, y un exconcejal, José Manuel Jacobo, ambos del PP, por un supuesto delito continuado de prevaricación, en relación con adjudicación irregular de dichos contratos. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los procesados la pena de 10 años de inhabilitación.

El fiscal solicita para el exalcalde de O Porriño y uno de sus ediles 10 años de inhabilitación

En su escrito, la Fiscalía señala que las facturas a estas empresas fueron tramitadas a pesar de que, en prácticamente todos los casos, existían reparos de la Intervención Municipal. En esos procedimientos, el alcalde levantaba automáticamente el reparo para que se abonaran las facturas.

También recoge que el gobierno municipal llegó a aprobar modificaciones de crédito para abonar las facturas que no se pudieron liquidar en el ejercicio correspondiente, alegando que no podían dejar de pagar esos gastos "urgentes" para evitar un enriquecimiento ilícito de la administración, y obviando, según expone el Fiscal, que la Intervención Municipal "llevaba años" advirtiendo "cada mes" de las irregularidades.

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