Inestabilidad en Portugal tras declarar el TC ilegales los recortes sociales

Los estados nacionales están reaccionando frente a las medidas de austeridad dictadas por la Comisión Europea, que, a su vez, responde a los dictados de los países del norte de Europa como Alemania u Holanda. El Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegal los recortes en las pagas extra a funcionarios y pensionistas y el nuevo impuesto sobre los subsidios de salud y desempleo, lo que deja al Gobierno sin unas medidas de ahorro que equivalían a más de mil millones de euros.

Esta reacción ha provocado una gran alarma en el Gobierno portugués, que se reúne esta tarde con carácter de urgencia para buscar una salida. El primer ministro, Pedro Passos Coelho, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario. El Ejecutivo tiene ante sí el reto de buscar otras formas de ahorro que permitan equilibrar las finanzas y cumplir los objetivos fijados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la UE para el rescate

Precedente

La sentencia del Tribunal Constitucional puede crear un precedente en otros países. El alto tribunal repite los argumentos del año pasado al considerar que la eliminación de una de las pagas extra a funcionarios y pensionistas supone una violación del principio de igualdad. En el caso de la introducción de una tasa del 5% sobre el subsidio de salud y de otra del 6% sobre el de desempleo, los cambios incumplen la proporcionalidad contemplada en la Carta Magna.

El presidente del tribunal, Joaquim Sousa Rivero, ha justificado la decisión asegurando que «es la ley la que tiene que adaptarse a la Constitución y no al contrario». La sentencia tendrá carácter retroactivo y supone la invalidación de estas medidas desde su entrada en vigor, el pasado 1 de enero.

Las arcas públicas dejarán de ingresar alrededor de 1.000 millones de euros por la decisión del Constitucional, que tenía sobre la mesa una serie de recortes que, en total, equivalían a 5.000 millones de euros.

Recurso del presidente de Portugal

La cuestión es que fue el propio presidente de Portugal, Anibal Cavaco Silva, así como partidos de la oposición y el Defensor del Pueblo, los que recurrieron ante el Tribunal Constitucional varios artículos de los presupuestos. El año pasado, la corte ya frustró los planes financieros del Gobierno cuando falló contra la reducción de las pagas extras vacacionales a los funcionarios.

Cavaco Silva, sin embargo, ha pronosticado que la sentencia no afectaría a la credibilidad del Ejecutivo, al que considera «legitimado» para seguir gobernando.

En este sentido, ha recordado que esta misma semana la Administración superó una moción de censura en la Asamblea de la República. Pero los socialistas ya se han ofrecido para un cambio de gobierno.

Portugal ya cerró 2012 con un déficit público del 6,4 por ciento, lejos del 5 por ciento previsto inicialmente. Para este año, el nivel de déficit debería caer hasta el 5,5 por ciento, en un escenario en el que, según el Gobierno, la economía se contraerá un 2,3 por ciento.