La improvisación se apodera de los juzgados de las cláusulas suelo

Los sindicatos critican la improvisación que reina en los tribunales en la primera semana de atención a las cláusulas suelo

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El plan de urgencia impulsado por el Gobierno para agilizar las devoluciones por cláusulas suelo a través de la vía judicial encara su primera semana inmerso en las críticas de funcionarios, letrados y consumidores, que reprochan el exceso de improvisación en la puesta en marcha de estos juzgados.

El jueves 1 de junio entraron en funcionamiento las 54 sedes repartidas por toda la geografía española y especializadas para tramitar las demandas por estas cláusulas abusivas, después de que el Tribunal Supremo, a instancias de la justicia europea, reconociera el derecho de los afectados a percibir las cantidades abonadas indebidamente desde la firma del contrato.

Los sindicatos judiciales afirman que se vive una situación de improvisación y falta de planificación

Los sindicatos de funcionarios cargaron contra la rápida activación de estos juzgados, designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 25 de mayo, lo que ha generado una situación de «improvisación y la más absoluta ausencia de planificación».

Así lo denuncia el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), que estima que esta medida extraordinaria supone la «ruptura del fuero ordinario», por el que los asuntos se repartían en función del domicilio de los perjudicados, «con la incomodidad y el aumento de gastos que conlleva».

Además, advierte de que el establecimiento de estos juzgados se ha producido «sin un previo estudio de campo» con el que poder calcular la cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, necesarios para su buena marcha, circunstancia que ha llevado a adoptar, en el plazo «escaso» de una semana, medidas urgentes.

Las instalaciones judiciales no tienen la infraestructura adecuada para atender la avalancha de casos

El sindicato mayoritario de trabajadores de la Justicia madrileña, STAJ, también ha señalado la falta de previsión de esta comunidad al habilitar una sede especializada en obras, sin instalaciones disponibles, «ni mobiliario, sin ordenadores y sin haber recibido la totalidad de la plantilla la formación necesaria» para tramitar los expedientes.

La cualificación del personal ha sido otro de los caballos de batalla de estos juzgados, al frente de los cuales se encuentran jueces en prácticas, sin experiencia previa, que deberán dirimir los cerca de 200.000 casos que se prevén, señala la Unión Progresista de Letrados de la Administración (UPSJ).

El CSIF, sindicato con presencia mayoritaria en el sector, va un paso más allá y cuestiona el papel tanto del Ministerio de Justicia, como de los Tribunales Superiores y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en este ámbito, entre ellas Andalucía, Canarias, Cataluña o Madrid.

Al respecto, critica su falta de coordinación y lamenta los cuatro meses en los que han estado «mareando la perdiz» sin aportar una respuesta clara.

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