Hacienda descabeza el mayor negocio privado de Zona Franca

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Cesa al administrador de Aparcamientos Subterráneos, propietaria de 3 mega párkings y un centro comercial, cuya explotación está cedida a una firma madrileña

Teresa Pedrosa, observada por Abel Caballero y Núñez Feijóo | EFE

01 de septiembre de 2014 (21:18 CET)

La cúpula directiva de la empresa pública que gestiona los mayores negocios privados de la Zona Franca de Vigo, consistentes en tres aparcamientos subterráneos con cerca de 1.200 plazas y un centro comercial con 45 locales comerciales en el kilómetro cero de Vigo, acaba de ser reorganizada. El administrador solidario y la persona que llevaba las riendas -hasta ahora el actual director financiero, José María Penelas- ha sido sustituido por un administrador único, en teoría, sin declaración de representante de persona física. El titular de este cargo es genéricamente desde ahora la propia Zona Franca.

Esta configuración es tan legal como inédita hasta la fecha. El nuevo administrador unipersonal es desde finales de agosto el propio Consorcio, cargo que, jurídicamente en abstracto, recaería en última instancia sobre su máximo órgano de decisión, el pleno, controlado por el Ministerio de Hacienda. Esta pieza organizativa está formada por miembros de varias instituciones de la ciudad y la provincia, pero con predominio numérico de la Administración General del Estado.

Los negocios

Aparcamientos Subterráneos, SL, es propiedad 100% del Consorcio de la Zona Franca y es una de las joyas de la corona de la institución en términos de negocio privado. La firma pública es la propietaria del negocio de las plazas de garaje y el centro comercial mencionados, inmuebles todos ellos situados en la zona urbanísticamente más privilegiada de Vigo, en cuanto a que están emplazados en un máximo de 1,2 kilómetros de distancia en la zona que registra, con mucho, la mayor carestía del suelo de toda la ciudad. En términos turísticos y de ocio también es un espacio clave de la ciudad.

Manda Hacienda

La decisión de la modificación estatutaria y el modelo de administración de Aparcamientos Subterráneos fue omitida por el organismo en relación a sus últimos acuerdos plenarios conocidos, de julio pasado, ya que no trascendieron públicamente.

El acuerdo sobre la administración de la subsidiaria de Zona Franca pudo adoptarse con la aprobación favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tutela de forma indirecta el Consorcio. El Gobierno aprobó en su momento su constitución, y vigila de cerca sus actividades, sin perjuicio de la personalidad jurídica propia que ostenta la Zona Franca.

Difícilmente, casi ninguno de los vocales, y menos los afines, se saltarían con su voto las directrices que pudiesen provenir del Ministerio de Hacienda. Fuentes del Consorcio se limitaron a confirmar a este medio el cambio estatutario.

El mismo cambio en el centro comercial de Madrid


El peso del ministerio se evidencia también en que, primero, según el acta de constitución de la Zona Franca publicada en el BOE, se reserva para sí la capacidad de modificar el número de vocales del pleno (lo que sería una junta de accionistas) y, por otro lado, en que, ya en un contexto más amplio, es el departamento del Gobierno central que gestiona, administra y explota los bienes del patrimonio público español, a través de la dirección general del Patrimonio del Estado. Los bienes de Aparcamientos Subterráneos, SL. tienen la consideración de bienes privados del Estado, según la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Los cambios estatutarios y en el modo de administrar la sociedad no han modificado, sin embargo, la larga relación que el Consorcio mantiene con una firma privada madrileña, Heras y Aguirre, SA, que se encarga de gestionar del centro comercial por medio de una concesión desde hace varios años. Aunque tiene un enlace directivo en Vigo que gestiona el día a día del centro comercial, el control efectivo se lleva a cabo desde Madrid, a través de una empresa que también ha modificado a mediados de año sus estatutos para pasar a ser gobernada por un administrador único.

Más control para el Estado


Con todo, el descabezamiento de Aparcamientos Subterráneos -al ser destituido el administrador solidario y sustituido por un administrador único en favor genéricamente del propio Consorcio, algo que discrepa abiertamente con la Ley de Sociedades de Capital, que en estos casos obliga a la designación física- también ha tenido otras consecuencias: han sido nombrados apoderados solidarios el director financiero, José María Penelas, y la delegada del Estado, un cargo tutelado directamente por el propio ministro Cristóbal Montoro, en este momento desempeñado por la inspectora de Trabajo Teresa Pedrosa.

Algunas versiones consultadas por este medio dejan entrever que el hecho del cambio estatutario también supone aminorar el grado de control que los gestores poseían sobre la sociedad dependiente de Zona Franca (un administrador es nombrado por el pleno, mientras que un apoderado lo es por el comité ejecutivo, orgánicamente inferior a aquel); pero también, por otro lado, deposita de forma mediata toda la responsabilidad de la gestión, precisamente, en el comité ejecutivo del Consorcio, en vez de en el pleno. Los apoderados son nombrados por el comité, que controla numeral y directamente la delegada del Estado.
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