Hacienda blindó los beneficios fiscales de los inversores del ‘tax lease’

Montoro tiene un problema. Otro más. Y, por extensión, el Estado español frente a la Unión Europea. La arquitectura fiscal de las agrupaciones de interés económico (AIE) que se beneficiaron del tax lease, cuya devolución exige ahora Bruselas, establecía mecanismos de blindaje ante reclamaciones y frente a terceros para los grandes patrimonios que invertían en dichos activos. Ese era uno de los atractivos de dicho sistema de bonificaciones, comercializado por los bancos como un sofisticado producto financiero entre grandes fortunas que, además, contaba por varias vías con el aval de la Dirección General de Tributos, del Ministerio de Hacienda.

No les falta razón alguna a los responsables de los astilleros al asegurar que la devolución del tax lease representa la muerte del sector. Y es que los inversores de las AIE, entre los que se encuentran grupos como Inditex, Cortizo, Freire (Megasa) o José Alberto Barreras, sabían que saltaban con red. El blindaje de Hacienda ante reclamaciones se hacía por dos vías.

Diferentes coberturas

Según documentos de las propias entidades financieras a los que ha tenido acceso Economía Digital, el riesgo fiscal de las operaciones de financiación se garantizaba, por un lado, mediante “la aprobación individualizada” por parte de la Dirección General de Tributos “de cada una de las operaciones que se le presenten”. “De esta manera”, señalaban los bancos, “se mitiga el riesgo de recalificación de las ventajas fiscales obtenidas al estar cubiertas por dicha aprobación”.

Y de otro lado, desde dicho departamento de Hacienda, señalaban los bancos, “se ha confirmado que en el caso de una resolución del contrato de arrendamiento entre la AIE y el armador y usuario final, por causas no imputables a la AIE, no se perderán los beneficios fiscales disfrutados” por la agrupación de interés económico.

Seguros frente a terceros

A mayores, de acuerdo con dichos documentos a los que ha tenido acceso Economía Digital, las AIE suscribían “un seguro que cubre frente a reclamaciones de terceros”, así como, a la hora de comercializar el producto, los propios bancos advertían que “se ha diseñado un sistema que elimina el riesgo derivado de la explotación del buque”. Nada que perder, pues, en las operaciones. De ahí su atractivo para los inversores.

Frente a este escenario, sobre el que el comisario Joaquín Almunia advierte que serán los inversores y armadores los que tendrán que afrontar las devoluciones, y no los astilleros que también lograron contratar gracias a ese sistema, el Gobierno español tiene una patata más que caliente. La cuestión está en quién será finalmente el que afronte la devolución de los importes de las bonificaciones fiscales, que en su conjunto rozan los 3.000 millones de euros.

Almunia ha eximido a bancos colocadores y a astilleros de la devolución, cargando sobre armadores e inversores, pero dejando la puerta abierta a la forma de devolución que fije el propio Gobierno. Pero, sobre este tapete, tampoco se descartan ya en el sector reclamaciones patrimoniales millonarias al propio Estado al haber establecido blindajes a las AIE, es decir, a los inversores.