Grupos ecologistas denuncian que la Lei do Solo da “barra libre” a las empresas mineras

La nueva Lei do Solo, sometida ya a información pública, nace para combatir el feísmo y proteger el paisaje, en palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pero nace sin consenso, ni entre los partidos políticos ni entre los agentes sociales, que vienen criticando desde que se conoció el borrador la “desprotección” y “desvalorización” del suelo rústico, según lo formuló la asociación ecologista Adega.

Tanto en la propia Adega, como en Salvemos Cabana o Plataforma pola Defensa de Corcoesto, explican que no debe entenderse la Lei do Solo como una norma aislada. Marca una continuidad en relación al Plan Director de la Rede Natura 2.000, la Lei de Ordenación Mineira e incluso el Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia. El punto en común radicaría en la eliminación progresiva del blindaje normativo que protege el patrimonio natural gallego en aras de una mayor agilidad burocrática, reservándose la Xunta la capacidad de decidir en última instancia sobre qué se puede y qué no se puede hacer en zonas protegidas.

Esa “discrecionalidad”, de la que hablan en su escrito de alegaciones a la Lei do Solo la asociación Adega, Fruga, el sindicato CIG y las Comunidades de Montes Veciñais de Galicia, tendría un buen ejemplo en el Plan Director de la Red Natura, que habilita al Gobierno gallego en casos “excepcionales” a autorizar explotaciones mineras a cielo abierto, así como aprovechamientos industriales de energía eólica, hidroeléctrica o fotovoltaica.

Suelo desprotegido

El término “barra libre” a la minería lo acuñó el colectivo Salvemos Cabana para criticar el Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, que prevé “la implantación de nuevas explotaciones, así como la ampliación de las existentes, en cualquier categoría de suelo rústico protegido”. ¿Cómo conecta con la Lei do Solo y la Red Natura?

Salvemos Cabana desvela dos vías. La primera es la ya mencionada. En casos excepcionales, la Xunta puede autorizar extracciones a cielo abierto en la Red Natura en aquellas zonas «identificadas como con potencial minero», precisamente, en el plan sectorial.

Pero además, apunta el colectivo, la Lei do Solo abre un proceso de “legalización” de las empresas mineras. Permite la obtención de la licencia municipal a las explotaciones que acrediten su existencia antes de 2003, aunque estén localizadas en “suelo rústico de protección ordinaria o de especial protección de aguas”.

¿Se margina el suelo rústico?

Adega añade más leña al fuego. El grupo ecologista criticó con severidad a la Xunta por impulsar una ley “desenfocada, centrada en el urbanismo y que infravalora la mayoría del territorio gallego, eso que se ha denominado mundo rural”. Argumentan tan negativa valoración.

En primer lugar, recuerdan que la normativa certifica la desaparición de las categorías de suelo rústico de especial protección forestal y agropecuario, que pasan a ser una categoría residual definida como “suelo que no resulte objeto de otra clasificación reglada”. Esto es, suelo rústico común.

En esta tipología, lamenta Adega, “los aprovechamientos mineros están al mismo nivel que los usos agrícolas y forestales, obviando la función social, fijadora de población, cultural y de conservación (…) que estos usos desarrollan”. Mientras que en el caso del suelo rústico protegido, “será el criterio de la Xunta el que determine la compatibilidad de las actividades (extractivas) en función de lo recogido en el plano sectorial de turno –minería, litoral, acuicultura…–, normas que, curiosamente, delegan en la Consellería competente esta facultad”.

El canon minero

Este es el paisaje que dibujan desde Adega, Fruga, Salvemos Cabana o CIG.  Las críticas llegan después de que la Xunta haya replanteado, al menos aparentemente, su postura respecto a la minería. Tras la caída del proyecto de Edgewater en Corcoesto, desautorizado por el Gobierno gallego, Núñez Feijóo anunció un canon minero para gravar a las explotaciones. Las empresas que extraen oro, plata, wolframio, hierro y níquel deberán pagar entre el 1% y el 1,5% de sus ingresos para paliar efectos sobre el paisaje.

“Un lavado de cara”

Pero la medida no convence a los grupos contra la minería agresiva, y el cambio de chip de la Xunta, tampoco. En la Plataforma pola Defensa de Corcoesto entienden que el canon es una “tomadura de pelo”, al tratarse de tipos tan bajos. Entienden que se trata de un “lavado de cara” del Gobierno gallego para romper con la “agresividad” que mostró, por ejemplo, cuando apostó por la mina de oro en tierras de Bergantiños.

En la asociación, surgida precisamente para combatir el proyecto de la multinacional canadiense Edgewater, creen que la Lei do Solo, el Plan Director de la Rede Natura y la ley sectorial de actividades extractivas inciden en la “desprotección del medio rural”. Y para cuadrar el círculo, recuerdan que el PXOM de Cabana de Bergantiños reservó como espacio minero la zona en la que se iba a establecer la explotación de oro. Para ello, cambió el uso del suelo, que estaba calificado como rústico y forestal.