Golpe de gracia a la vivienda protegida en Galicia

El vuelco en la política de vivienda tras el estallido de la burbuja inmobiliaria tendrá que esperar. El Gobierno ha apuntado a la rehabilitación y al alquiler como el camino para reactivar un mercado en declive, con la venta de casas y la adquisición de hipotecas en mínimos históricos. La Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que entró en vigor en junio, fue el primer paso para dejar atrás el modelo de construcción residencial en España y avanzar en la nueva senda del alquiler y la rehabilitación.

Esta apuesta, sin embargo, es todavía muy tímida en el Proyecto de Presupuestos de 2014, que destina la mayor parte de los fondos (498 millones de un gasto total en materia de vivienda de 799,6 millones) a cubrir las ayudas de los planes de vivienda anteriores. Pero los Presupuestos marcan, además, un punto de inflexión en la política de vivienda social, eliminando por primera vez las ayudas a la compra y promoción de VPO. La adquisición de vivienda protegida se lleva un trozo de la tarta mínimo, 175 millones, pero están destinados a la subsidiación de préstamos a familias en planes anteriores. Al levantar la vista hacia el futuro, los inmuebles de promoción pública estatales desaparecen.

Impacto en Galicia

Esta situación preocupa al sector inmobiliario gallego. La comunidad comparte los problemas del sector estatal, derivados del cortocircuito en el crédito bancario y de los sucesivos recortes en materia de vivienda, desde el fin de la deducción por compra de vivienda habitual en 2013 hasta la derogación de las ayudas a jóvenes para el alquiler, la Renta Básica de Emancipación, que desapareció en 2012. Pero además, los profesionales del sector recuerdan que Galicia tiene una renta per cápita entre las más bajas del Estado. La suma de factores –una renta baja, falta de crédito, ausencia de promoción de la vivienda protegida y pérdida de confianza en una evolución favorable de la economía y alta tasa de paro– pone en peligro el acceso a la vivienda de la clase media, razonan en el sector.

En la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) piden desde hace tiempo medidas que potencien el crédito financiero “con la Xunta ejerciendo de avalista de los demandantes” y el fomento del alquiler con derecho a compra para reactivar el acceso a la vivienda protegida.

Lo cierto es que la compraventa de VOP en Galicia sigue la pauta de un plan en extinción. Las transacciones han ido en descenso en los últimos cuatro años hasta cerrar 2012 con 850 operaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En el cierre del año pasado, por tanto, se registró una caída del 67% respecto a las 2.439 viviendas protegidas compradas en 2008 en la comunidad. Esta cifra se redujo a 1.191 operaciones en 2009, se mantuvo estable durante dos años, y volvió a caer hasta las 850 transacciones del último año.