Galicia suma 300 denuncias de vertederos ilegales de construcción desde 2010

La correcta gestión de los residuos de construcción sigue siendo una tarea pendiente en Galicia. Así lo demuestran las más de 300 denuncias relacionadas con vertidos incontrolados y otras actuaciones ilegales tramitadas por la Asociación de Recicladores de Construcción y Demolición de Galicia (Arcodega) en los últimos cinco años.

A pesar de haber dejado atrás los años buenos de la construcción, en los que la comunidad registraba un volumen de generación de escombros superior a los dos millones de toneladas, la actividad en muchos de estos vertederos ilegales ha sido incesante, con las graves consecuencias que ello acarrea al medio ambiente.

Son miles las toneladas de residuos de todo tipo sin tratar que yacen enterradas bajo tierra o que se amontonan en huecos o vaguadas empleadas ilegalmente gestores con autorizacion para el transporte de residuos, pero no para el tratamiento o depósito.

Por toda la geografía

La asociación, que tiene identificados más de 100 puntos de vertido en toda Galicia, promueve desde su página web la participación ciudadana para poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier actuación sospechosa de ser ilegal relacionada con los residuos de construcción.

Así es como han podido dar con tres grandes vertederos que llevan años funcionando, además de una veintena de puntos de depósito ilegales de tamaño medio en O Barco, A Mariña, Terra de Montes, la cuanca alta del Lérez, Chantada, O Salnés o la Costa da Morte. Como apuntan desde Arcodega «prácticamente hay uno en cada comarca». Los pequeños también se prodigan por todo el territorio.

Pasividad de la Xunta

A pesar de todas estas denuncias, la asociación reconoce que la «falta de diligencia» de la Xunta en la tramitación de las mismas es una de las causas de que persistan actividades irregulares en la gestión y depósito de residuos de construcción y demolición por toda Galicia.

En este sentido, consideran que la actitud del Ejecutivo autonómico está «muy próxima a la prevaricación omisiva», ya que son muchos los casos en los que «no verifican ni inician expediente sancionador» a la empresa o al propietario de los residuos, «amparando con ello la continuidad de conductas infractoras».

Ante esta situación, han decidido dar un paso más. La próxima semana pondrán en conocimiento de la Comandancia Nacional del Seprona todos los casos de los que tienen constancia, cuyo número sigue aumentando a medida que pasan los días.

Mayor implicación municipal

En cualquier caso, desde Arcodega no cargan todas las culpas en la administración autonómica. La local también tiene su parte. Según explican, la falta de control de los ayuntamientos «es constante» y en muchos casos acaba con una sanción de la Xunta por consentir estas prácticas.

La legislación gallega contempla la obligatoriedad al productor o poseedor del residuo de constituir una fianza o garantía ante el Ayuntamiento para garantizar la correcta gestión de los mismos, que recupera una vez el gestor certifica el tratamiento de los escombros. El problema es que muchos ayuntamientos no tienen esta norma traspuesta a sus ordenanzas o, si la tienen, no velan por su cumplimiento, consintiendo con ello agresiones al paisaje y a la naturaleza del territorio que gobiernan.