Galicia paga por la "irresponsabilidad" de la Xunta en la gestión de Corcoesto

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Salvemos Cabana reprocha al Ejecutivo autonómico la concesión del permiso a Edgewater e insiste en que otra manera de hacer las cosas hubiese ahorrado "mucho dolor y sufrimiento" en la comarca de Bergantiños

Protesta contra la mina de oro en Corcoesto

en A Coruña, 21 de abril de 2016 (14:36 CET)

La plataforma Salvemos Cabana lamenta que la manera de proceder de la Xunta en relación a los permisos mineros en Corcoesto repercuta finalmente en todos los gallegos. No obstante, considera que la demanda judicial interpuesta por la canadiense Edgewater debe suponer "una lección a futuro" para el Gobierno gallego, "y algo para no repetir".

Edgewater reclama una indemnización de unos 20 millones de euros por los daños y perjuicios que entiende que supuso la denegación del proyecto, que recurrió ante los tribunales. "Si la Xunta de Galicia hubiera actuado de manera responsable desde el principio, se habría ahorrado mucho dolor y sufrimiento en la comarca de Bergantiños", apunta el portavoz de Salvemos Cabana, Moncho Varela.

Errores de partida

Lo que, a su juicio, "no es comprensible", es cómo la Xunta "pudo aprobar una declaración de impacto ambiental con algunas carencias" que la plataforma consideró "tan significativas". En este sentido, recuerda su oposición a aquella declaración, pero critica que "no se tuvieron en cuenta las fundamentadas alegaciones de especialistas y colectivos.

"Sin duda la Administración gallega tomó la decisión acertada al cancelar el proyecto de Corcoesto, pero no es comprensible cómo, con la problemática asociada a este tipo de proyectos, pudo aprobar la declaración de impacto ambiental, que facilitaba enormemente los planes de la empresa", concluye.

Acusaciones de la minera

Respecto a las acusaciones de la minera contra la Xunta sobre "presuntos intentos de sobornos durante la tramitación del proyecto minero", Salvemos Cabana ve "que se impone la necesidad de un modelo extractivo cuya sensatez permita que las tareas extractivas no puedan interferir en sectores productivos básicos como la agricultura o la ganadería".

Asimismo, aunque matiza que "no se puede hablar de corrupción porque no sería justo" y tampoco tienen "pruebas de ello", asevera que "está claro que las cosas quizás no se han hecho como deberían en la parte administrativa".
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