Galicia en clave minera: de la caída de Edgewater a la irrupción de Sacyr

Un año más. La lucha contra la minería agresiva en Galicia ha estado marcada por el proyecto minero de Corcoesto, la mina de oro que no explotará la multinacional canadiense Edgewater, abocada ya a los tribunales para poder sacar algún partido a un desarrollo minero que primero bendijo la Xunta y luego tumbó entre una fuerte contestación social. 

La plataforma Salvemos Cabana, en su balance del año, ha recordado que la demanda de la minera contra el Gobierno español y el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo contra las modificaciones de la Ley de Ordenación de la Minería de Galicia puede resultar un cóctel fatídico, que facilite la reclamación de Edgewater. 

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La vía europea, cerrada

Para el colectivo, la reclamación de la multinacional en base a los tratados europeos es una vía muerta. 

«La Comisaria Europea de Comercio Exterior, Cecilia Malmström, anunció un nuevo revés para la compañía, al confirmar que la transnacional en ningún caso podía invocar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), para impugnar la decisión administrativa de cancelación del proyecto. La respuesta se dió en referencia a una pregunta efectuada desde el grupo GUE/NGL sobre el presunto derecho a indemnización de la minera, verificando la consulta efectuada en septiembre de 2014 por Salvemos Cabana a instancias europeas sobre este particular, resolviendo finalmente que ninguna empresa canadiense puede invocar de momento el CETA ni presentar reclamación patrimonial alguna al encontrarse el texto en fase de negociación», explica la plataforma. 

Edgewater acabó perdiendo sus derechos mineros, cuando la Xunta acordó declarar de manera definitiva la caducidad de las concesiones. 

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La llegada de Sacyr

Pero si 2015 fue el año que acabó con el proyecto de Edgewater, también fue el del aterrizaje de Sacyr en el sector minero gallego a través de su filial Valoriza Minería. El proyecto del grupo constructor, impulsado por un acuerdo con Macquarie Capital, es acumular derechos mineros en Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía con la perspectiva de retomar los trabajos en explotaciones paralizadas de oro, wolframio y otros metales. 

La incidencia de Valoriza en suelo gallego está por ver, aunque Salvemos Cabana ve «sin duda, un factor de riesgo» en el papel que pueda jugar Sacyr en el «desarrollo de nuevos conflictos socioambientales al estilo del acontecido en la Costa da Morte». 

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Regañina de la Defensora del Pueblo

En febrero, fue la actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la que se hizo eco en su informe presentado a las Cortes Generales de la denuncia presentada por Salvemos Cabana al organismo sobre las deficiencias de seguridad y restauración en la mina coruñesa de cobre y oro de Touro. El equipo de Becerril solicitó entonces una aclaración a la Xunta, a la vista de las pruebas presentadas, sobre «las medidas previstas para evitar la contaminación de las aguas por escorrentía así como los vertidos o depósitos irregulares» para proceder a la mejora de la seguridad en el entorno minero «a través de nuevos vallados, canalizaciones o sistemas de depuración». 

Salvemos Cabana concluye que «lo sucedido en Touro muestra, en definitiva, el escaso compromiso de las actuales autoridades de la Xunta con la fiscalización del sector extractivo a nivel gallego. La Ley 3/2008 de 23 de mayo, de Ordenación de la Minería de Galicia indica en su artículo 46.1 que «corresponde a la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de minas, realizar las comprobaciones necesarias» así como garantizar «el cumplimiento de la normativa minera aplicable» y la adopción de medidas cautelares».

El TTIP

El colectivo recuerda que es una de las entidades que se ha adherido a la campaña internacional contra el TTIP/TISA/CETA, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Comunidad Europea que ha generado la protesta de numerosos movimientos sociales, organizaciones y ciudadanos en toda Europa. 

A juicio de Salvemos Cabana, «estos acuerdos limitarían el control efectivo de las multinacionales por parte de los estados y cualquier tipo de litigio entre países y corporaciones, al estilo del ocurrido en Corcoesto, habrían de ser dirimidos a través de tribunales internacionales de arbitraje, que mayormente defienden a los intereses empresariales y que al final únicamente benefician al capital transnacional. En la práctica, una amenaza real para las comunidades». 

El futuro

«El año que comienza será fundamental para la evolución de este y futuros conflictos socioambientales relacionados con el sector extractivo con la celebración de las Elecciones Autonómicas de la X Legislatura, pues de ese nuevo Parlamento habrán de surgir los cambios (o no), que Galicia necesita para garantizar el derecho a la protección del patrimonio y el territorio, el medio ambiente, y la salud de la población», concluye Salvemos Cabana.