Fomento blindó la urbanización de los muelles de A Coruña con indemnizaciones millonarias

El Puerto Exterior de A Coruña, además de una infraestructura costosa, es un embrollo legal. El alcalde de la ciudad herculina, Xulio Ferreiro, manifestó este lunes la voluntad del Gobierno municipal de echar el freno en la urbanización de los muelles y buscar nuevos usos para esos terrenos desafectados, que la Autoridad Portuaria planea vender para financiar parte de la infraestructura de Punta Langosteira. Ese plan, firmado con el Ministerio de Fomento en los buenos tiempos del ladrillo, ha perdido fuerza por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Enrique Losada, presidente del puerto coruñés, lo reconoció explícitamente al valorar el suelo de los muelles en 240 millones, que apenas cubrirían la tercera parte de la inversión.

Esa es la postura del Gobierno municipal, que tiene serias dudas de que la urbanización de la zona sirva para financiar el Puerto Exterior, tal y como le van las cosas al sector inmobiliario, y propone recuperar los terrenos para la ciudadanía. Pero esa propuesta, que recogía ya el programa de Marea Atlántica y que cuaja bien con su filosofía, tiene sus flecos legales pendientes. El convenio firmado por el Concello coruñés con Xunta y el Ministerio de Fomento en 2004, presidido entonces por Álvarez Cascos, blindó la urbanización y estableció compensaciones para la Autoridad Portuaria si no se ejecutaba el proyecto inmobiliario en la dársena.

Contra el Ayuntamiento

En concreto, el documento establece que «si habiendo comenzado las obras de construcción del Puerto Exterior de A Coruña, finalmente no se produce la reordenación urbanistica de los terrenos objeto del presente convenio en los términos recogidos en su clausulado, las Autoridades urbanísticas competentes, Xunta de Galicia y/o Ayuntamiento de A Coruña, se comprometen a indemnizar a la Autoridad Portuaria de A Coruña por los daños y perjuicios que se le causen por insuficiencia de flujos financieros para el desarrollo de la obras, de acuerdo con el Plan Financiero que se prepare para la construcción del Puerto Exterior y que, en su caso, podria dar lugar a la paralización de las mismas».

El objetivo era que en un plazo de cuatro años se produjese la revisión del PXOM que diese cobertura a los cambios de usos del suelo y a la reordenación de la fachada marítima. Pero también se establecía que «estará obligada a realizar dichas aportaciones e indemnizaciones la Administración con competencias urbanísticas que resuelva en contra de la nueva ordenación», que permitiría urbanizar los muelles de Batería, Calvo Sotelo, petrolero –donde está Repsol– y San Diego.

El convenio fue modificado en octubre de 2004 en un encuentro entre Magdalena Álvarez, nueva ministra de Fomento, y Paco Vázquez, el alcalde socialista, pero los cambios afectaron fundamentalmente a los usos del suelo, quedando designado un 50% de los terrenos liberados para vivienda protegida. El resto serían viviendas, oficinas y un centro comercial.

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Lío legal

A priori, el Gobierno municipal tendría la posibilidad de cambiar el proyecto, pues el mismo convenio preveía que tras la mudanza de las empresas hacia Punta Langosteira se redactaría el plan definitivo para los muelles de la ciudad. Pero ello implicaría llegar a un acuerdo con la Autoridad Portuaria, que sigue siendo la propietaria del suelo. Ambas instituciones abrieron este lunes la puerta a un posible pacto.

Otro escenario es que el equipo de Xulio Ferreiro decida ir por su cuenta, pues en su programa anunció que revisaría los convenios de 2004, «tanto la ordenación urbanística como las condiciones del plan de financiación del Puerto Exterior por incumplimiento». El Concello, preguntado por este medio, no aclaró este lunes a qué se refería con dichos incumplimientos. 

En todo caso, sería una opción problemática debido al blindaje de Fomento. La alternativa más clara sería encontrar una solución que ofreciese una mejor financiación a la Autoridad Portuaria, que ha fechado en 2017 el plazo límite para liberar los muelles de Calvo Sotelo y Batería. La institución, que afronta la devolución de créditos concedidos para el desarrollo de la obra, dijo estar dispuesta a escuchar cualquier propuesta siempre que sea «firme, concreta y solvente».