Ferreiro amenaza con denunciar a la Federación Galega de Fútbol

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El alcalde coruñés estudia llevar ante los tribunales a Rafael Louzán por incumplir unilateralmente el convenio para la construcción de la sede de la institución en San Pedro de Visma

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro

en A Coruña, 31 de diciembre de 2015 (00:08 CET)

Los tambores de guerra vuelven a sonar en María Pita. El Gobierno municipal que encabeza Xulio Ferreiro ha amenazado con llevar ante los tribunales a Rafael Louzán, presidente de la Federación Galega de Fútbol (FGF) y ex presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, para reclamarle "daños y perjuicios" por la decisión adoptada el pasado martes en la asamblea de la entidad de revocar el acuerdo para levantar la sede federativa en unos terrenos que el Ayuntamiento coruñés le había cedido a la institución en San Pedro de Visma.

La sede, en principio, no se moverá de la ciudad, ya que la asamblea también acordó adquirir en propiedad un local de 680 metros en la Avenida da Universidade, que incluye 13 plazas de aparcamiento. Los 875.000 euros – 175.000 más la permuta de dos inmuebles – en que está cifrada la operación nada tienen que ver con los 2,9 millones que contemplaba el acuerdo para la construcción de las nuevas dependencias de Visma.

Louzán, tranquilo

El Gobierno local, tras conocer la decisión, no ha tardado en criticar la "deslealtad institucional" de Rafael Louzán por impulsar "sin mediar comunicación de ninguna clase" la renuncia a la inversión prevista en San Pedro de Visma. El concejal de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, recordó a la Federación que, de incumplirse los términos del protocolo, el Concello exigirá "responsabilidades patrimoniales" a la entidad que preside Louzán por medio de una demanda contencioso- administrativa en la que reclamará una indemnización.

Louzán, por su parte, está tranquilo. Cuando tomó posesión de su cargo, hace ahora un año, ya había anunciado que se replantearía algunas inversiones y que trataría de acabar con la centralidad de la sede. Ha tenido tiempo para prepararse, hasta el punto de que, cuestionado por alguno de los asistentes a la asamblea, afirmó contar con un informe jurídico que minimiza los riesgos en el supuesto de que el Ayuntamiento de A Coruña decida reclamar.
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