Feijóo trata de salvar el eólico gallego en contra del Gobierno

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Recurrirá el decreto que suspende las primas a las renovables pero mantiene los impuestos autonómicos que critica el sector

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo

31 de octubre de 2012 (22:28 CET)

Ya ha pasado toda una legislatura de por medio y el sector eólico en Galicia no solo no ha despegado, sino que amenaza con hundirse. En 2009, un Alberto Núñez Feijóo recién llegado a la Xunta de Galicia decidió tumbar el anterior concurso eólico del bipartito y volver a repartir más de 2.300 megavatios eólicos en la comunidad. Aseguró la Xunta que este nuevo reparto traería aparejados 14.000 puestos de trabajo para la comunidad. Sin embargo, pasados cuatro años ya de esas promesas, todo ha quedado en un espejismo. En Galicia, el sector asegura que no podrá llevar adelante los planes comprometidos debido no solo a la retirada de las primas a las renovables, sino también por el tijeretazo que se espera y por los impuestos autonómicos con los que la propia Xunta grava a sus parques.

Feijóo consciente de que la situación puede desmoronarse ha optado por una medida drástica. Ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto del gobierno central que suspende las primas a las nuevas instalaciones de energía renovable en base a que “invade competencias propias de la comunidad”, y con el objetivo de defender “sectores de energía eficaces como la eólica, el biogás, la biomasa o la cogeneración”. Así, se convierte en un actor más en medio de la guerra que se abrió entre varios miembros del Gobierno Rajoy a causa de la necesidad de reducción del déficit de la tarifa energética.

Concurso repetido

Debido a que la Xunta repitió todo el concurso que había dejado el bipartito, el avance de la energía eólica en Galicia se demoró. Esto provoca que, en la actualidad, del último concurso eólico no haya todavía ningún parque en funcionamiento real, por lo que todos estos nuevos proyectos se verían afectados por la supresión de la primas. El sector entiende que Feijóo buscará, por lo menos, que la supresión de primas haga una excepción con el eólico gallego.

Con este movimiento, Feijóo se posiciona, por primera vez de forma tan contundente, contra los postulados del Gobierno central y se zambuye en un conflicto que ya ha enfrentado abiertamente a dos ministros: José Manuel Soria y Cristóbal Montoro. El titular de Industria defendió siempre establecer un recargo más elevado a las energías renovables que al resto de energías de generación, algo que Montoro rechazaba de pleno.

“No se puede fijar una tabla rasa a la hora de suspender las primas, sino que hay que diferenciar entre las energías subvencionadas (fotovoltaica y termosolar) y las eficientes que producen rentabilidad económica”, dijo Feijóo.

Aplauso de la patronal gallega

Esta situación ha sido saludada por la Asociación Eólica de Galicia (EGA), que ha defendido en muchas ocasiones, que con las actuales normativas en marcha, muchos de los proyectos de energía eólica se quedarán en el limbo. “Saludamos que el Gobierno gallego tome las tiendas para buscar una retribución justa pero, esperamos que antes de resolverse el recurso de inconstitucionalidad, que puede durar años, se consiga una retribución favorable para el sector”, agregan desde la patronal eólica.
Sin embargo, la posición de Feijóo es ambigua. Si bien, sabedor de lo que se juega industrialmente Galicia, recurre normas del propio gobierno de Mariano Rajoy, por el momento no dice nada de los impuestos autonómicos que aplicar al sector eólico y que también son motivo de queja.

Se mantiene en canon autonómico

Es el caso del canón eólico que aplica la Xunta de Galicia, así como el impuesto de transmisiones patrimoniales, que impone una tasa de 40.000 euros por megavatio.

Sin ir más lejos, este mismo miércoles, la Asociación Empresarial Eólica de España (AEE) denunció los “efectos perversos” de estos cánones sobre el sector y recordó que ha recurrido estos impuestos tanto en Galicia como en Castilla y León.

En el marco de unas charlas de la AEE, Miguel F. Calleja, resposable de relaciones con las comunidades de Iberdrola, indicó que “ninguno de los cánones autonómicos cumple con los objetivos de lo que es un proyecto ambiental”.
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