Feijóo promete contratos para Navantia si se soluciona la devolución del ‘tax lease’

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo espera que el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, esté “pensando” en el “margen” que hay para reconsiderar su propuesta sobre el tax lease español. El dirigente gallego ha avanzado que, si la hay, “llegarán contratos y habrá trabajo” en los astilleros privados de la ría de Vigo, pero también para Navantia.

En relación a las quejas de trabajadores de Navantia por la ausencia de un plazo para el inicio del flotel de Pemex –que tiene otro encargado a Barreras– Feijóo ha replicado que el “ruido” suscitado en el sector a raíz del debate sobre las bonificaciones del tax lease no es bueno para los contratos. El presidente dio a entender que podría influir en las fechas de inicio de los pedidos.

Reuniones con un armador 

Al término de la reunión semanal del Gobierno gallego, Feijóo sentenció que “el aliado más claro” de Navantia “es la Xunta”. A modo de argumento, esgrimió las exigencias al equipo gestor para que logre pedidos y carga de trabajo. Feijóo reveló que la pasada jornada mantuvo una reunión “con un armador que quiere hacer barcos en Navantia”, del que no dio más datos.

Acerca de si, tras su reunión con el citado armador, hay garantías reales de nuevos pedidos para Navantia, el presidente gallego ha instado a los periodistas a formularle esta pregunta tras la reunión del colegio de comisarios que decidirá sobre el tax lease el 17 de julio.

Argumentos jurídicos en camino

«Si queda solucionado, la respuesta es rotundamente sí. Si no queda solucionado, vuélvame a hacer la pregunta y le contestaré de forma adecuada», ha demandado, en un escenario en el que el veto en Navantia, establecido hasta el inicio de 2015, prohíbe la construcción civil en Fene completamente, y la limita en el resto de la empresa, incluido el astillero de Ferrol, a un 20% de la facturación total.

Feijóo ha revelado también que el Ministerio de Industria ya ha remitido a Almunia los “argumentos jurídicos” que ha exigido para antes de la reunión prevista para la próxima semana en Bruselas con representantes del Gobierno, las comunidades afectadas y el sector.