Europa investiga el uso que dio la Diputación de Ourense a los fondos comunitarios 

Hace años que PSOE y BNG denuncian prácticas caciquiles en la Diputación de Ourense, sin embargo, pocas veces las protestas llegaron a puerto. Sin embargo, este lunes corrió como la pólvora la noticia de que Bruselas está investigando al organismo presidido por el popular Manuel Baltar, hijo José Luis Baltar Pumar. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) ha abierto una investigación ya que entiende que “existen sospechas suficientemente fundadas de que se tienen cometidos actos de fraude, corrupciones u otros actos ilegales que afectan a los intereses de la Unión Europea”.

En concreto Bruselas sospecha que desde la institución que preside Manuel Baltar se ha hecho un mal uso de fondos comunitarios.

Inspección de técnicos europeos

Hace ya unas semanas que técnicos de la Olaf pasaron por la Diputación de Ourense con la intención de inspeccionar distintos proyectos llevados a cabo con recursos provenientes de los fondos de cohesión de la UE. Entre los proyectos investigados se citaban el Plan Daredo y el Plan Deputrans, destinados a la adquisición de depuradoras de aguas residuales domésticas para diferentes ayuntamientos ourensanos.

El pasado mes de marzo, el grupo socialista de la Diputación de Ourense pidió que se comenzara una comisión de investigación por este motivo en la que estuviesen representados todos los grupos políticos. Sin embargo, esa moción nunca llegó a llevarse a cabo debido a la negativa del PP, el grupo mayoritario.

Plan de Estaciones

Igualmente, existía una polémica sobre la ejecución del Plan Estaciones, también desarrollado al amparo de fondos europeos. El proyecto para la dinamización de antiguas estaciones ferroviarias tenía un montante de 6,2 millones de euros. De esa cantidad, los fondos europeos Feder aportaban 5.800.000 euros. El compromiso estaba en rehabilitar y poner en marcha espacios museísticos en seis estaciones en Ourense así como un funicular en Viana do Castelo.

Según el proyecto, las obras deberían estar acabadas a finales de 2005 y puestas en marcha en 2008. La realidad es que esas obras están prácticamente paradas o distan bastante del plan original.

Por poner un ejemplo, en la estación de Vilavella estaba prevista la construcción de viviendas para jóvenes, así como un cámping de caravanas, una “cantina histórica” y un centro de información turística. Los socialistas ourensanos denunciaron que en la actualidad lo que hay allí es “una serie de viviendas deshabitadas que comienzan a arruinarse por dentro”. Además, “la cantina está vacía e sin muebles, el albergue no funciona y el cámping de caravanas no tiene agua ni electricidad”.

Ante estas presuntas irregularidades, socialistas y nacionalistas pusieron a trabajar a sus respectivos eurodiputados. Tanto Antolín Sánchez Presedo, por el PSOE, como Ana Miranda, por el BNG, presentaron numerosas iniciativas que desembocaron en la apertura de una investigación por parte de Bruselas.

La Diputación, tranquila

Al tratarse de una investigación en curso, la Comisión Europea ha informado de que no aportará más datos sobre el caso hasta que no concluya sus pesquisas. Por el momento, en la Diputación se mantienen fríos. Aseguran que no tienen comunicación oficial de ningún organismo.

En la Xunta de Galicia ayer también guardaron silencio.