Estalla la ‘Operación Patos’: Fiscalía pide 49 imputaciones por amaño de contratos y regalos a políticos
El fiscal pide a la juez que impute a Caballero, Louzán y a la delegada de la Xunta en Vigo; solicita que continúe la investigación sobre las subvenviones a Ence y las contrataciones de Cespa
De manera mucho más silenciosa que la Pokemon, la Operación Patos, que investiga una red de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos, ha golpeado con fuerza a la política, las instituciones y el sector empresarial gallego. La Fiscalía de Vigo ha emitido un informe elaborado a petición de la juez en el que solicita la imputación de 49 personas, todas ellas políticos, empresarios, funcionarios y técnicos de diferentes administraciones.
Del documento elaborado por el Ministerio Fiscal salen especialmente malparados el Ayuntamiento de Vigo y la Deputación de Pontevedra. El fiscal solicita la imputación de Abel Caballero, alcalde de la ciudad olívica, y de otros tres concejales del Consistorio; hace lo propio con Rafael Louzán, ex presidente de la Deputación de Pontevedra, y con José Manuel Figueroa, ex vicepresidente de la corporación provincial.
Los tentáculos de la investigación llegán también a los Ayuntamientos de Pontevedra, Ourense, Santiago y Ponteareas, y golpea también a la delegada del Gobierno en Vigo, María José Bravo Bosch.
Regalos en Vigo
La investigación se centra en el arreglo de contratos y obras públicas para favorecer a determinadas empresas. La trama se destapó, precisamente, a partir de las pesquisas a la constructora Eiriña y a Cespa Galicia. A los cargos políticos se les achaca haber percibido regalos de empresarios.
Así, el fiscal solicita la imputación de Abel Caballero por recibir entre 2009 y 2010 un reloj de 1.750 euros y una pluma Montblanc; a la concejala de Bienestar Social, Isaura Abelairas, por recibir joyas y un bolígrafo Montblanc; y a los concejales del Concello vigués David Regades y Ángel Rivas por supuestas irregularidades en la tramitación de obras y por la recepción de regalos. A estos se sumarían las de varios técnicos municipales, entre ellos, uno que ya está imputado en el caso hormigón. El alcalde, Abel Caballero, emitió un comunicado poco después de conocerse el informe de Fiscalía negando que hubiera percibido regalo alguno.
Louzán y Bosch
El Ministerio Fiscal también pone en entredicho la etapa de Rafael Louzán en la Deputación de Pontevedra. Pide la imputación del ex presidente y el que era su jefe de gabinete; el exvicepresidente del ente provincial José Manuel Figueroa; técnicos, empresarios y hasta una presidenta de una asociación vecinal en relación con la adjudicación de obras por parte de la corporación provincial y también, en algunos casos como el de Louzán, por la recepción de regalos.
A la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, se la acusa de mediar en favor de la empresa Eiriña ante la diputación, por adjudicaciones de obras, y por la concesión de un curso de formación, entre otras cuestiones, en las que también implica al jefe de gabinete de la delegada. En la lista de posibles imputados figuran también varios funcionarios y empresarios vinculados con la Delegación de la Xunta.
Hasta la Autoridad Portuaria
Por último, en cuanto a las investigaciones en Nigrán, Fiscalía solicita la comparecencia, en calidad de imputados, del exconcejal de Vías y Obras, José Álvarez Valverde; del exalcalde de Nigrán, Alberto Valverde; el que era secretario municipal; de varios empresarios que trabajaron para este ayuntamiento del Val Miñor; varios miembros de tribunales calificadores del plan de empleo; y contratados de ese plan de empleo.
El fiscal también pide la imputación de un técnico de la Autoridad Portuaria de Vigo y a dos responsables de empresas que trabajaron para este organismo.
De políticos a empresas
Además de a la constructora Eiriña, la Fiscalía pide investigar en piezas separadas, delegando en otros juzgados, las investigaciones sobre tráfico de influencias en los contratos adjudicados a Cespa. Recomienda para la causa a los juzgados pontevedreses, al igual que la investigación sobre posibles irregularidades en las subvenciones concedidas a Ence.
El fiscal entiende que todo lo relativo a la adjudicación del mantenimiento y gestión de la estación de tratamiento de agua de Ponteareas, así como las obras en el río Tea y la justificación de gastos en el centro de día, deben remitirse al juzgado de esta localidad, ya que los hechos no tienen «conexión jurídica» con lo investigado en Vigo. También remite a los juzgados de cada ciudad las investigaciones en Ourense y Santiago.
A la espera de respuesta
La juez Carmen García decidirá si atiende las peticiones de la Fiscalía, en principio, esta misma semana. Entre ellas está también que se recabe más documentación relativa al expediente de contratación de la obra de reforma del estadio de Balaídos; obras del Consorcio del Casco Vello; y que la Policía Judicial realice nuevas averiguaciones sobre supuestas certificaciones falsas en relación con la destrucción de productos pesqueros de una empresa.
