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Los casos Gürtel, Brugal, y la operación Taula preocupan a los proveedores, que investigan ahora posibles anomalías en los servicios prestados
En muchas empresas valencianas han dado orden de revisar a fondo cómo han sido las relaciones con las administraciones durante los últimos años, no vaya a ser que entre papeles haya algún tipo de contrato firmado con cualquiera de las tramas que ha protagonizado el PP.
En cualquier momento se puede personar la UCO en la puerta pidiendo papeles por una concesión de basuras en un pequeño pueblo. Tras la detención de Alfonso Rus y otras 23 imputados por la Operación Taula, ha estallado el pánico entre las empresas que han trabajado con las administraciones, en unos casos de forma justificada porque se amañaron concursos y en otras porque simplemente presentaron los papeles que correspondía y alguien lo ha utilizado.
En lista de empresarios imputados o simplemente relacionados con Gürtel, Brugal, Taula, Noos y otros muchos casos están, entre otras empresas, Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Ortiz (Enrique Ortiz e hijos), Antonio Pons (Piaff), Vicente Cotino (Sedesa), Fernando Roig (F-1), Vedri (Engloba/La Rambleta), Carlos Turró (Cleop), Vicente Cuquerella (Benigrass) y CIEGSA.
Pero ahí también están docenas de empresas subcontratadas para cualquiera de los contratos firmados con la administración para servicios, obras públicas o eventos. Y en los casos juzgados siempre se amañaron contratos que derivaron en el pago de fuertes comisiones para algunos de los políticos y altos funcionarios que firmaban el contrato por parte de la empresa que ganaba el concurso, algo por lo que se ve harto frecuente en las sucesivas administraciones españolas, siempre con las consabidas excepciones.
Si fuera así los empresarios temen entrar en una espiral de venganzas como ha ocurrido en el caso de Consuelo Ciscar por parte de las familias culturales o en cuestiones familiares, como la filtración de las grabaciones que había hecho Marcos Benavent por parte de su ex suegro Mariano López para vengar el desprecio de Benavent a su hija. Por cualquier tema se puede acabar en la pena del telediario. Siempre hay un traidor.
La Operación Taula (en referencia a la Taula de Canvis que había en la Lonja de Valencia) ha encontrado que el gran negocio de Rus y sus empresas tapadera fue el césped artificial. En unos años se instaló césped artificial en cien campos de fútbol de otros tantos municipios por valor de 32 millones de euros.
En busca de la Jefa
Por eso la rocambolesca historia de buscar a la «jefa» de todo el entramado. No en vano María José Alcón y Luis Salom (portavoz actual del PP en el ayuntamiento de Valencia) son personas de su confianza, como Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano que ha dado la callada por respuesta. Pero incluso el propio Mariano Rajoy ha salido en su defensa, aunque también defendió a Alfonso Rus. ¿Hay jefa? ¿Hay jefe en este entramado o solo son sucesivos casos de choriceo, como dice alguno de los que consiguieron salvarse?
De entrada el PSPV /PSOE ya ha denunciado que Bonig y Javier Moliner (presidente de la Diputación de Castellón) protegen a los corruptos para darle a todo categoría de corrupción de partido y no de personas. En la Operación Taula hay más de cien personas investigadas, entre empresarios y políticos. Pero la OCU de la Guardia Civil y la policía tienen abiertos otros casos que implican a docenas de empresarios que han mantenido relaciones con la administración.
Las comparecencias ante el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia empezaron este martes por la mañana. Y lo que va quedando claro es un daño irreparable para la imagen del PP en la Comunidad Valenciana, por lo que algunos miembros de este partido ya piden una refundación total. Y también un daño para la imagen de la Comunidad Valenciana, que sigue quedando como una tierra de corruptos. Y la última valoración de la Operación Taula es cómo puede influir en las negociaciones para los pactos de gobierno. Rajoy rechaza su posible influencia, por ahora.
