España suspende a la hora controlar a los grupos de presión 

Un informe de Transparencia Internacional critica la falta de medios para controlar el tráfico de influencias en el ámbito político

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España no tiene los mecanismos necesarios para controlar la influencia y el poder que ciertos grupos de presión tienen sobre las decisiones políticas. En un momento en el que la corrupción está en boca de todo el mundo, un informe hecho público hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI), revela la escasa y, sobre todo, inoperante regulación que nuestro país tiene en este tema.

El estudio, que analiza la situación de 19 países de la Unión Europea y de las instituciones comunitarias, suspende a España –le da una puntuación del 21%– a la hora de analizar los mecanismos que deberían asegurar la transparencia, la integridad y la igualdad de acceso a los decisores públicos.

¿Lobby o tráfico de influencias?

El informe hace hincapié en la diferencia entre el concepto lobby, como grupo de presión legítimo y hasta necesario dentro de una democracia; y el tráfico de influencias. «Mientras que el lobby presupone un cierto equilibrio en el campo de juego, el tráfico de influencias, todo lo contrario, consiste en un abuso de posición del que se sacan beneficios», explica el estudio.

En España, la falta de controles impide conocer quién pretende influenciar, de qué manera y con qué resultados. Esta es una de las causas por las que está tan extendida la creencia de que el dinero puede comprar la influencia política. Según un Eurobarómetro de 2013, el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de negocios de este país.  

Críticas a España

Una de las críticas que el informe realiza a España es que los legisladores estén, en términos generales, «exentos de restricciones pre y post empleo público», a pesar de que son uno de los blancos preferidos por los grupos de poder que pretenden obtener un beneficio ilegítimo a través de ellos.

También se denuncia el particular problema en nuestro país con el «traspaso» de personas entre el sector público y el privado, lo que comúnmente se conoce como «puertas giratorias». Y, en ese contexto, explica el riesgo que supone «que antiguos miembros del Ejecutivo pasen al mundo de los negocios, y viceversa, ejecutivos de negocios que pasan a ocupar cargos en agencias reguladoras», sin la pertinente regulación, añade.  

Los países del sur de Europa, en general, no salen bien parados de este informe. Además de España, Italia y Portugal también están entre los cinco países con peores resultados, «donde las prácticas de cabildeo y los estrechos vínculos entre el sector público y el financiero se consideran más arriesgadas», señala TI. 

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