Simulación del parque eólico de Mouriños

En Marea pide a la Xunta que frene el parque eólico de Gas Natural en Laxe

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La formación política se suma a las críticas ecologistas y pide al Gobierno gallego que la autorización exprés del proyecto Pena Forcada-Catasol II

en A Coruña, 22 de enero de 2018 (20:59 CET)

Los proyectos eólicos de Gas Natural en A Costa da Morte acumulan detractores. A las críticas de diversos colectivos ecologistas se ha sumado En Marea, que ha pedido a la Xunta que revoque la autorización para el proyecto eólico de Pena Forcada-Catasol II, en Laxe.

Ya no se trata del impacto paisajístico o, como sucede en el parque eólico de Mouriños, la presencia de yacimientos arqueológicos o la ausencia de un sistema de protección para las aves. Tanto desde las asociaciones ecologistas como desde el ámbito político se cuestiona los procedimientos de autorización de los proyectos.

Fragmentación de los proyectos

Así lo corrobora En Marea, que en un comunicado critica la fragmentación de los proyectos en dos expedientes distintos para facilitar la obtención de licencias reduciendo las exigencias ambientales. Desde la plataforma Salvemos Cabana ya habían denunciado que esta actuación podría ser irregular si se considera que se trata de un solo proyecto industrial, por lo que aguardan el pronunciamiento de la Unión Europea en caso de que la Xunta dé luz verde a la instalación de Mouriños.

También respalda En Marea el recurso de alzada anunciado por las asociaciones Petón do LoboSalvemos Cabana, Cova Crea Ouriol do Anllóns contra el parque de Laxe por defectos de tramitación, que se hizo por la vía rápida tomando como base la nueva ley de implantación empresarial para declarar la iniciativa de interés especial.

Falta de información

Denuncian que la declaración se aprobó sin que los afectados conozcan las razones que esgrime la Consellería de Industria sobre la especial incidencia del proyecto y los supuestos beneficios del mismo en lo que supone una tramitación administrativa "confusa, dispersa y caótica" que vulnera los derechos básicos más elementales de la ciudadanía y cuya tramitación piensa "exclusivamente en el beneficio empresarial".

En Marea apunta que la consideración especial del proyecto tendría que formularse en una fase temprana de tramitación para no impedir a la ciudadanía conocer los detalles del expediente y presentar alegaciones si así lo desearan.

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